El pasado domingo, arrancó la fase 1 del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en el Poder Judicial de la Ciudad de México. A partir de ahora, los trámites en estas áreas se gestionarán exclusivamente de manera electrónica. Tanto en expediente como en firma.
Los primeros juicios que se integrarán al nuevo sistema son el juicio especial hipotecario oral y el juicio especial de arrendamiento inmobiliario oral. Así como sus procedimientos preparatorios, recursos y medios de defensa.
En conferencia de prensa, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada que mencionó que esta nueva normativa es una gran oportunidad para mejorar la eficiencia y transparencia en la justicia civil y familiar.
“Este código se construyó con una perspectiva transversal de género y de protección a grupos en vulnerabilidad”, comentó, subrayando que se trata de un avance en la justicia digital, que permitirá procesos más rápidos.
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Poder Judicial CDMX: Trámites ahora de manera electrónica
Durante el evento se contó con la presencia de magistrados, juezas y jueces del nuevo sistema. Así como de Ulises Lara, encargado de despacho de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. También asistieron diputadas y diputados federales y locales, incluidos Martha Ávila, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso local, y Jesús Sesma, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo).
La digitalización del Poder Judicial de la CDMX
En mayo de este año, el Pleno del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Ciudad de México acordó suspender los turnos a los juzgados extintos para que concluyeran su carga de trabajo y pudieran preparar los asuntos que se entregarían a los nuevos órganos jurisdiccionales.
La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) expresó que la implementación de este Código Nacional. No debe afectar los derechos de las personas. Especialmente en casos donde se protejan los derechos de grupos vulnerables. Como son las niñas, niños, adolescentes, mujeres, personas mayores y personas con discapacidad.
Con esta premisa, se espera que el Poder Judicial cumpla con su plan de digitalización dentro de los plazos establecidos.
