TE PUEDEINTERESAR
La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo publicó este lunes en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que convierte en derechos constitucionales varios programas de Bienestar, como las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, así como el programa Sembrando Vida.
En la edición vespertina del DOF se dieron a conocer las reformas al artículo 4 de la Constitución, que ahora establece que las personas adultas mayores de 65 años tienen derecho a recibir una pensión no contributiva por parte del Estado. Lo mismo ocurre con las personas con discapacidad permanente menores de 65 años.
“El Estado destinará anualmente los recursos presupuestarios suficientes y oportunos, conforme al principio de progresividad, para garantizar los derechos establecidos en este artículo. Los cuales impliquen la transferencia de recursos directos hacia la población destinataria”, señala el texto oficial.
Y agrega que “el monto de los recursos asignados no podrá ser disminuido, en términos reales. Respecto del que se haya asignado en el ejercicio fiscal inmediato anterior.”
Reformas para apoyar a los campesinos y temas en materia de vivienda
En cuanto al artículo 27, también se incluyeron reformas para apoyar a los campesinos. Con ello, cultiven tierras con árboles frutales, maderables y otras especies que requieren ser procesadas.
El Estado garantiza un jornal seguro, justo y permanente para estos productores. Además, recibirán apoyo directo y fertilizantes gratuitos, y los pescadores de pequeña escala también recibirán este tipo de ayudas.
“El Estado mantendrá precios de garantía para el maíz, frijol, leche, arroz y trigo harinero o panificable, en los términos de las disposiciones aplicables”, agrega la Reforma.
Por último, la Reforma en materia de vivienda establece que todas las empresas, sean agrícolas, industriales, mineras o de cualquier otra actividad. A su vez, deberán proporcionar viviendas adecuadas a sus trabajadores, conforme a las leyes que se establezcan.
“Esta obligación se cumplirá mediante las aportaciones que las empresas hagan a un fondo nacional de la vivienda a fin de constituir depósitos en favor de sus personas trabajadoras”, explica el decreto.
El fondo establecerá un sistema de vivienda social que permita a los trabajadores obtener créditos accesibles para la adquisición o mejora de sus viviendas.
