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El Consejo Cívico de Nuevo León pidió al Gobierno estatal cumplir con una serie de acciones antes de aplicar el aumento gradual a las tarifas del transporte público, que llegarían a 17 pesos mensuales.
Entre sus principales demandas destacan la necesidad de un diagnóstico claro sobre la movilidad, un plan estratégico a cinco años y una aclaración sobre presuntas irregularidades con empresas fantasmas en la compra de camiones.
Demandas concretas para garantizar eficiencia y transparencia
En un comunicado, el Consejo enlistó ocho puntos prioritarios para mejorar la gestión del transporte público antes de cualquier incremento tarifario. Entre ellos, exigen:
- Diagnóstico y estrategia: Presentar un análisis detallado del estado actual del sistema de movilidad y un plan estratégico con una ruta de implementación clara para los próximos cinco años.
- Contratos transparentes: Explicar a la Junta de Gobierno del Instituto de Movilidad y Accesibilidad (IMA) los señalamientos sobre triangulación de recursos con empresas fantasmas o sin experiencia en la compra de autobuses.
- Indicadores de gestión claros: Hacer públicos los datos del sistema de movilidad, como uso mensual, quejas de usuarios, inspecciones y finanzas del IMA.
- Vigilancia ciudadana: Instalar un Comité de Vigilancia del IMA supervisado por organismos ciudadanos para garantizar independencia.
- Mejoras en sistemas de pago: Ampliar y homologar los sistemas de pago electrónicos, además de facilitar la recarga de tarjetas con más puntos de venta.
- Caja compensadora auditada: Crear un fideicomiso con rendición de cuentas mensual a través del FIMPE.
Preocupación por una crisis mayor
“Existe una deuda histórica del Gobierno estatal con la ciudadanía en Nuevo León, y nuestra preocupación como integrantes de la Junta de Gobierno del IMA es que no termine este sexenio con una crisis todavía peor de la que heredó el actual gobernador en el año 2021”, señaló el Consejo Cívico.
El organismo también pidió completar la Junta de Gobierno del IMA con representación ciudadana y establecer un calendario regular de sesiones ordinarias y extraordinarias para mejorar la gestión pública.
—Con estas exigencias, el Consejo busca garantizar que las decisiones en materia de movilidad se tomen con transparencia y en beneficio directo de los usuarios, evitando que se les cargue el costo de ineficiencias y malas decisiones previas—.
