El Instituto Nacional Electoral (INE) está a punto de aprobar nuevas reglas para regular el proselitismo de los aspirantes al Poder Judicial (PJ). Entre las prohibiciones más destacadas se encuentran los actos anticipados de campaña, la promoción fuera del país y la propaganda calumniosa o en materiales no reciclables.
Este viernes, la Comisión de Quejas del INE aprobará un listado de infracciones que incluyen a aspirantes, partidos, servidores públicos, dirigentes, militantes y concesionarios de radio y televisión en la elección judicial.
Sin embargo, aún no se define —cuándo se considerarán actos anticipados de campaña—, ya que solo se establece que la realización de actos de campaña antes del periodo establecido por la ley para tal efecto está prohibida.
La reforma judicial establece que las campañas durarán 60 días, comenzando alrededor del 30 de marzo. Mientras tanto, los consejeros del INE han señalado que podrán intervenir en los actos de proselitismo de ministros, jueces o magistrados. Solo después del 12 de febrero, cuando los Comités de Evaluación entreguen sus listas de candidatos.
Mediante el acuerdo del INE, se define como campaña a las actividades realizadas por los candidatos y sus simpatizantes. Para difundir su trayectoria profesional, méritos y visiones sobre la función judicial y la impartición de justicia. Además, se podrán hacer propuestas de mejora o cualquier otra actividad que forme parte del derecho a la libertad de expresión de los aspirantes.
Entre las infracciones que enfrentan los aspirantes se encuentran la contratación de espacios en medios electrónicos, encuestas o cualquier tipo de publicidad en medios “físicos, impresos o digitales” para promoverse. También está prohibido difundir propaganda que contenga calumnias o que ponga en riesgo el interés superior de la niñez.
INE establecerá sanciones para servidores públicos y partidos en proselitismo inadecuado del PJ
De igual forma, otras restricciones incluyen la entrega de material con beneficios directos o indirectos, la difusión de propaganda impresa en materiales no reciclables y la realización de actos de campaña fuera del país. Incluso si fue autorizado por los candidatos. Además, se sancionará la violencia política en razón de género.
En un esfuerzo por evitar la injerencia de gobiernos y funcionarios, se establece que no podrán pronunciarse “a favor o en contra” de los candidatos. También se prohíbe la difusión de propaganda gubernamental durante las campañas, excepto en casos relacionados con servicios educativos, de salud o situaciones de emergencia.
Los servidores públicos también tienen restricciones, como no poder realizar proselitismo durante su jornada laboral ni usar programas sociales. Esto para que no se influya en el voto de la ciudadanía.
Por su parte, los partidos políticos solo tienen tres prohibiciones: no pronunciarse a favor o en contra de los candidatos, no difundir ni contratar encuestas, y respetar las leyes vigentes.
Igualmente, los ciudadanos y los medios de comunicación. Tampoco podrán difundir encuestas o sondeos de opinión tres días antes de la elección, ni organizar foros de debate en condiciones inequitativas.
Las quejas sobre estas infracciones serán atendidas por la Unidad Técnica de lo Contencioso del INE. La cual dictará medidas cautelares, mientras que la Sala Especializada analizará el fondo del asunto. Además, los consejos estatales y distritales —podrán recibir— denuncias sobre actos anticipados, propaganda ilegal o calumniosa.
