El debate sobre la libertad de expresión volvió al centro de la discusión legislativa. La iniciativa de reforma enviada por la Presidenta Claudia Sheinbaum a la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión (LFTyR) ha sido duramente criticada por integrantes de la oposición, quienes señalan que podría abrir la puerta a la censura de contenidos digitales sin control judicial.
Según la propuesta, se busca restringir la propaganda de gobiernos extranjeros en medios mexicanos. Sin embargo, también permitiría a la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) bloquear redes sociales, sitios web y aplicaciones, algo que ha levantado alarmas.
“El artículo 109 de esta iniciativa, le otorga la facultad al Gobierno de bloquear y censurar las plataformas digitales, redes sociales, sitios web y aplicaciones sin necesidad de una orden judicial, sin mandato judicial, sin límite de tiempo, sin contrapesos ni procedimientos claros”, alertó Manuel Añorve Baños, senador del PRI.
Oposición advierte por Reforma de Telecomunicaciones y Radiodifusión
La preocupación, —según el legislador del partido revolucionario—, es que estas facultades podrían utilizarse para bloquear cualquier contenido que resulte incómodo al Gobierno, sin mecanismos de control.
En la misma línea, Alejandra Barrales, senadora por Movimiento Ciudadano, advirtió sobre los riesgos que representa esta concentración de poder.
“Esto es, en cualquier idioma y en este, un claro asalto a las redes sociales, a la libertad de expresión en las redes sociales y un claro ejercicio de censura, porque es la misma Agencia la que va a emitir los lineamientos de bloqueo y al mismo tiempo la que va a decidir qué redes sociales bloquear y qué plataformas digitales no bloquear”,
expresó Barrales.
Piden parlamento abierto
—Desde el sector empresarial—, la International Chamber of Commerce México (ICC México) también levantó la voz. En este sentido, la organización pidió que se abra un proceso de parlamento abierto. Con ello, para analizar a fondo la propuesta, e incluyó un llamado a garantizar la autonomía de los organismos reguladores.
“Reconocemos la relevancia de actualizar el marco regulatorio del sector telecomunicaciones, sin embargo, ante la iniciativa presentada, hacemos un llamado a establecer un proceso de Parlamento Abierto que permita la participación activa de expertos, representantes del sector académico, empresas y organizaciones de la sociedad civil”, señaló el organismo.
Además, destacó que cualquier reforma debe respetar los compromisos internacionales como el T-MEC, y cuidar la independencia de los órganos técnicos.
“La independencia regulatoria es un pilar esencial para prevenir prácticas anticompetitivas y fomentar un entorno equitativo para todos los actores del sector”,
añadió.
