El Congreso de la Unión ya reveló la lista con los nombres de los 26 candidatos que buscan ser elegidos en los comicios judiciales de junio y que fueron impugnados ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Entre los argumentos están vínculos con el crimen organizado, antecedentes por abuso sexual o incluso no alcanzar el promedio mínimo de 8 en la carrera de Derecho.
De acuerdo con lo difundido, algunos nombres coinciden con los señalados por la organización Defensorxs, quienes han alertado sobre nexos con el narcotráfico.
Algunos de los nombres son el de Jesús Humberto Padilla Briones, postulado en Nuevo León, quien ha sido procesado por portar armas y cometer delitos contra la salud.
Otra impugnación es contra la jueza Diana Montserrat Partida Aramburo, quien busca ser jueza de distrito en el Sexto Circuito. Se le cuestiona por liberar a “El Fantasma”, presunto jefe de seguridad de Joaquín “El Chapo” Guzmán.
“Ticante solicitó la libertad anticipada, un beneficio que tienen todas las personas presas y que está establecido en el Artículo 141 de la Ley Nacional de Ejecución Penal”, explicó la jueza en su momento.
A la lista se suma Julio Veredín Sena, quien en 2019 otorgó una suspensión que evitó la extradición de Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara.
También aparece Aníbal Castro Borbón, por absolver a un presunto criminal, e incluso Conrado Alcalá Romo. Que en 2023 mandó repetir el proceso contra “El Güero Palma”, uno de los fundadores del Cártel de Sinaloa.
El Congreso señaló que en 2024, Enrique Hernández Miranda omitió imponer medidas contra “El Padrino”, cabecilla de una red de trata de personas.
Otro nombre señalado es el de Francisco Herrera Franco, apodado “el fiscal del terror”, por presuntos vínculos con el asesinato de dos periodistas en Michoacán: Roberto Toledo y Armando Linares.
Difunden lista de candidatos judiciales con nexos criminales
—La lista sigue— con Francisco Martín Hernández Zaragoza. Acusado en 2015 por acoso sexual, y Edgar Agustín Rodríguez Beiza, implicado en una denuncia por abuso contra una alumna.
En otro caso mencionado por Defensorxs, Andrés Montoya García, quien busca ser magistrado. Este quedó vinculado a la desaparición del periodista Alfredo Jiménez Mota en 2005.
Otro señalado es Leopoldo Javier Chávez Vargas, quien pasó casi seis años preso en Estados Unidos por tráfico de metanfetaminas.
Para el Congreso, estos perfiles no cumplen con el requisito de tener buena reputación, uno de los criterios establecidos por ley.
También solicitaron cancelar la postulación de Marco Ángel Antonio Villegas Cortés. Por amenazas y lesiones; la de Noel Castro Melgar, por hostigamiento y cobro de “moches”; y la de Alejandro Tlacuahuac Zitlalpopoca, acusado de abuso sexual.
Arturo César Morales Ramírez, candidato en la CDMX, enfrenta una imputación por delincuencia organizada desde 2007.
Finalmente, hay once aspirantes más —entre ellos Arturo Manuel Fernández Abundis, Elva Regina Jiménez Castillo, y Mario Alberto Parada Cerón—. Los cuales, terminaron impugnados por no acreditar el promedio mínimo de 8 en su formación profesional, tal como marca la Constitución.
Aunque el TEPJF decidiera anular las candidaturas, los nombres ya están impresos en las boletas para el 1 de junio. A su vez, el Instituto Nacional Electoral (INE) informó que no podrán retirar los nombres.
