Un grupo de 14 jueces federales, que han ejercido o siguen ejerciendo su función, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) revisar su caso y determinar la reparación del daño por la violación de sus garantías fundamentales debido a la reforma judicial implementada en México.
El Colegio de Abogados de la Ciudad de Nueva York, a través de su programa “Cyrus R. Vance Center for International Justice”, presentó la solicitud ante la CIDH la semana pasada, según informaron este martes en un comunicado.
“La petición afirma que las personas peticionarias fueron ‘directamente afectadas’ por la reforma judicial e insta a la Comisión a responder a las denuncias, tomar medidas para proteger los derechos humanos y emitir reparaciones para las personas afectadas”, indicó el Colegio.
—La reforma, que se implementó en el mes de septiembre de 2024—, según el comunicado, vulnera los principios de independencia judicial, igualdad y no discriminación. Además, afecta la participación de las mujeres en el Poder Judicial.
Esta solicitud ante la CIDH es la segunda de su tipo. La primera se presentó el año pasado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED), lo que llevó a una audiencia en Washington el 12 de noviembre pasado.
Jueces federales llevan caso de reforma judicial a la CIDH
La reforma al Poder Judicial se propuso por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y promovida por la presidenta Claudia Sheinbaum. Esta reforma eliminó la carrera judicial, estableciendo que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante voto popular.
Jaime Chávez Alor, Director Ejecutivo Adjunto del Vance Center, comentó lo siguiente:
“Esta petición ofrece una oportunidad para que el Sistema Interamericano aborde las alegadas violaciones de la independencia judicial en México y cuestiones más amplias relativas a los procesos de reforma judicial en la región”.
Y a ello agregó:
“Los Estados deben ser capaces de garantizar que sus estructuras y procedimientos judiciales evolucionen según sea necesario, sin embargo, estos cambios no deben violar los derechos humanos”.
Por otra parte, María Emilia Molina, presidenta de la Asociación Mexicana de Juzgadoras y una de las demandantes, —destacó— que aunque ya es tarde para revertir la reforma, ya que la elección está programada para el 1 de junio, aún hay tiempo para reparar los derechos de los jueces afectados.
“Esperamos que esta petición reconozca los daños sufridos por las y los colegas importadores de justicia, y ofrezca orientación para ayudar a los sistemas de justicia de otros países a evitar el mismo destino”, expresó Molina.
