INE refuerza controles y ordena auditoría a la gestión de Taddei. Las contrataciones, los archivos y el manejo administrativo del Instituto Nacional Electoral (INE) quedarán bajo revisión tras el acuerdo aprobado este jueves. El Consejo General autorizó 19 medidas ante la crisis interna por las conductas irregulares durante la gestión de la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei.
Como primer paso, el organismo solicitará a la Auditoría Superior de la Federación una revisión urgente y prioritaria sobre adquisiciones. También arrendamientos de bienes muebles y servicios. El periodo comprende del 3 de noviembre de 2016 al 3 de noviembre de 2026.
Dicha solicitud incluye investigar la legalidad de esos procedimientos. Así como evaluar la gestión y el desempeño de los funcionarios involucrados.
Por separado, la Secretaría Ejecutiva deberá disponer una auditoría externa a la administración de Taddei. El acuerdo también contempla preparar las denuncias o vistas correspondientes.
Los contratos que permanecen vigentes pasarán por auditorías externas. Si las revisiones detectan irregularidades, el instituto procederá a rescindirlos cuando acredite las causas legales y contractuales. Esto conforme a los procedimientos aplicables.
Para resguardar las evidencias, todas las áreas y personas servidoras públicas deberán conservar de inmediato los documentos vinculados con la revisión. Además, el organismo establecerá medidas de seguridad informática para impedir su destrucción.
INE avala auditoría a Taddei tras irregularidades en su gestión
A través de una herramienta institucional, el personal podrá aportar información, hallazgos y documentos relacionados con las contrataciones y operaciones examinadas.
“El mecanismo deberá permitir que las personas servidoras públicas del instituto comuniquen, de manera segura y confidencial, información que consideren relevante para su revisión, incorporando las medidas necesarias para la protección de datos personales, la integridad de la información, la trazabilidad de los registros y, en su caso, la protección de las personas informantes”, mencionó.
Dentro de cinco días hábiles, la Secretaría Ejecutiva deberá integrar un inventario de las contrataciones y operaciones del periodo. Para ello, contará con el respaldo de la Dirección Ejecutiva de Administración y las áreas competentes.
Ese registro detallará el ejercicio, la unidad responsable. El procedimiento, el proveedor, el objeto y los montos contratados y pagados. También incluirá modificaciones, recepción, incumplimientos y medidas aplicadas.
La Dirección Ejecutiva de Administración, las áreas requirentes y técnicas, las administradoras de contratos y las juntas ejecutivas locales y distritales deberán colaborar. Todas entregarán a la Auditoría Superior de la Federación la información que legalmente solicite.
Durante la discusión, el consejero Arturo Castillo atribuyó parte de la crisis a la reforma que Morena aprobó en el Congreso. Señaló que las facultades otorgadas a la presidencia para designar mandos limitaron la supervisión administrativa.
“Esta súper facultad fue, simplemente, mortal para efectos de la vigilancia; quedamos simple y sencillamente fuera de toda posibilidad de vigilar cómo funcionaba la administración de la institución y esto fue un factor muy relevante para que el día de hoy estemos en la crisis en la que estamos. Un llamado a la Fiscalía General de la República para que considere realizar diligencias de oficio y que valore si aplica o no aplica lo previsto en el artículo 19 de la Constitución”, señaló.
En materia de participación ciudadana, la Dirección Ejecutiva de Administración incorporará testigos sociales a las contrataciones pendientes de celebrarse durante el presente ejercicio fiscal. El INE sostuvo que esta intervención contribuirá a transparentar sus actuaciones.
