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Los Alegres del Barranco podrán seguir presentándose en eventos públicos, al menos por ahora. Un juez federal les concedió una suspensión provisional para que el decreto del Gobierno de Michoacán que prohíbe la música que promueva el delito no se les aplique.
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La agrupación tramitó un juicio de amparo (número 518/2025) a través de su representante legal. Argumentando que dicho decreto afecta su libertad de expresión y su derecho al trabajo. El Juzgado Primero de Distrito en Michoacán, encabezado por el juez Sergio Santamaría Chamú, fue quien concedió esta medida.
¿Qué prohíbe el decreto?
El decreto estatal impide la interpretación o reproducción de géneros como corridos tumbados, narcocorridos, corridos progresivos, bélicos o alterados, es decir, cualquier canción que haga apología del delito.
Además, otorga facultades a las Secretarías de Gobierno y de Seguridad Pública para realizar inspecciones, aplicar multas de hasta 700 UMAs, suspender eventos e incluso clausurar recintos.
¿Por qué el juez otorgó la suspensión?
El juez argumentó que el decreto representa una forma de censura previa, algo prohibido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por tratados internacionales como la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
También explicó que la norma no supera el test de proporcionalidad. Debido a que impone restricciones absolutas sin justificar su necesidad o efectividad para proteger el interés público.
En palabras del juez, se aplicaron los principios de “apariencia del buen derecho” y “peligro en la demora” para conceder esta medida cautelar.
Mientras se resuelve el fondo del juicio, las autoridades estatales no podrán aplicar el decreto ni realizar operativos contra los eventos donde participe la banda.
La audiencia incidental para decidir si se mantiene o se revoca la suspensión se llevará a cabo el 15 de mayo de 2025 a las 10:45 horas.
En su resolución, el juez también subrayó que cualquier medida que limite la libertad de expresión debe estar plenamente justificada y ser proporcional. Pues en una democracia no se puede permitir que la ley se use como herramienta de censura.
