La dirigencia nacional del Partido Acción Nacional (PAN) pidió formalmente a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) que informe si el gobierno de Estados Unidos está investigando a servidores públicos, actuales o pasados, por posibles vínculos con el crimen organizado.
Fue el presidente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, quien entregó la solicitud en la oficialía de partes de la Cancillería. La carta va dirigida al titular de la SRE, Juan Ramón de la Fuente, y plantea preocupaciones sobre temas delicados como tráfico de drogas, lavado de dinero y otras actividades ilícitas que podrían involucrar a funcionarios mexicanos.
“En Acción Nacional, nos dirigimos a usted con profunda preocupación ante la grave situación que enfrenta México, la cual consideramos que pone en serio riesgo la estabilidad democrática y la seguridad de nuestra nación”, se lee en la misiva.
Asimismo, el PAN también —pidió— que se aclare si existen restricciones migratorias por parte del gobierno estadounidense en contra de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmedo.
En su carta, el partido señala que las recientes sanciones aplicadas por Estados Unidos a funcionarios mexicanos actuales y pasados. Ya sea mediante comunicados oficiales o investigaciones periodísticas, demandan respuestas claras por parte del gobierno mexicano.
PAN pide a SRE informes de funcionarios por crimen organizado
El documento firmado por Romero Herrera destaca que, en su papel como oposición, el PAN tiene la responsabilidad de exigir transparencia. Por eso solicita información puntual o, en su defecto, que se gestione ante las autoridades estadounidenses.
“Solicitamos atentamente se nos informe, con base en el Derecho de Petición consagrado en el artículo 8º Constitucional, si esta Cancillería ha sido notificada oficialmente por el gobierno estadounidense sobre los acontecimientos recientes antes referenciados. Asimismo, requerimos una explicación detallada sobre la existencia de restricciones migratorias activas impuestas a funcionarios y exfuncionarios mexicanos en el marco de investigaciones por sus presuntos vínculos con el crimen organizado.”
Además, se pide saber si hay una lista oficial del gobierno de Estados Unidos con nombres de mexicanos vinculados a actividades ilícitas. Y si esa información ya fue compartida con México.
El PAN también cuestiona si existen investigaciones en curso por parte de agencias como la DEA, el FBI, el Departamento del Tesoro o el Departamento de Justicia. Por igual, también, si se han activado mecanismos de cooperación judicial entre ambos países.
“Requerimos que se indique si las revocaciones de visas mencionadas tienen efectos exclusivamente personales o si también alcanzan a familiares que hayan sido beneficiarios, directos o indirectos, de recursos ilícitos, conforme a lo que permite la legislación estadounidense.”
Finalmente, el partido advierte que el Gobierno Federal no puede guardar silencio ante estas situaciones. Si existen funcionarios o legisladores implicados en redes criminales, debe haber consecuencias.
“Consideramos que el Gobierno Federal no puede permanecer en silencio ante esta situación. Si entre sus colaboradores, gobernadores o legisladores existen personas involucradas con el crimen organizado, su gobierno tiene la obligación moral y legal de actuar con determinación, y no de encubrir.”
El PAN subrayó que los ciudadanos merecen una explicación clara. Cuando gobiernos extranjeros revocan visas a funcionarios mexicanos, ya que hasta ahora, aseguran, no ha habido ninguna aclaración por parte de las autoridades.
“La opacidad en este tema solo genera suspicacias y debilita la confianza en nuestras instituciones”, concluyen en el escrito.
