Por primera vez en la historia, los 43 municipios de Tamaulipas se les hará una auditoría al mismo tiempo. La encargada será nada menos que la Auditoría Superior de la Federación (ASF). El anuncio lo hizo Emilio Barriga Delgado, Auditor Especial del Gasto Federalizado, quien lo calificó como un paso histórico en la fiscalización del dinero público. En sus palabras:
“Vamos a auditar a los 43 municipios del Estado de Tamaulipas. Para que tengan una referencia del año pasado, auditamos solamente a 15; ahora son los 43”.
Según explicó, esta decisión es parte de un nuevo modelo de revisión que permite auditar el 100 % de los recursos federales que se transfieren a estados y municipios. Barriga detalló que los municipios reciben tres fondos clave: el FAIS (para comunidades con mayor rezago), el Fortamun (para fortalecer finanzas locales), y las participaciones federales, que tienen uso libre.
“En promedio, estos tres fondos financian más del 90 % del presupuesto de nuestros municipios, por lo que esto se traduce en que prácticamente les vamos a estar auditando casi todo su presupuesto”, subrayó.
Con esta acción, Tamaulipas se suma a otras 18 entidades del país, donde también se les hace auditoría a la totalidad de los municipios. El auditor señaló que ahora los procesos son más modernos y eficaces.
“En el pasado, revisábamos un fondo y con una auditoría del estado que no contaba con procedimientos modernos. Hoy, podemos revisar el 100 %”.
En cuanto a los resultados del año pasado, reveló que de los 15 municipios auditados, ocho tienen montos sin aclarar. La suma total: 75.6 millones de pesos. Eso sí, Barriga aclaró que esos montos aún pueden justificarse con documentación adicional.
“El municipio que lo encabeza es Ciudad Victoria con 49.7 millones de pesos, seguido por Matamoros con 7.5 millones; El Mante, 6.5 millones; Aldama, 3.8 millones; San Fernando, 3.4 millones; Jaumave, 3 millones; Tula, 1.3 millones, y Ocampo con 400 mil pesos. El resto de los municipios no tuvieron montos pendientes. La ley permite a las entidades fiscalizadas aportar elementos adicionales para eventualmente subsanar esas observaciones. Solo en caso de no hacerlo, el resultado se ratifica y se tipifica como un posible daño a la Hacienda Pública Federal”.
Por Lupita Domínguez González
