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En pleno festejo del Día del Padre, organizaciones feministas decidieron visibilizar el lado que casi nadie menciona: los padres deudores alimentarios en México, los que no pagan la pensión y los que, para colmo, ocupan cargos públicos sin rendir cuentas.
La activista Diana Luz Vázquez ―quien ha impulsado la Ley Sabina― señaló la raíz del problema:
“El sistema sigue protegiendo a los deudores alimentarios”.
Y no lo dice a la ligera. Según datos oficiales, uno de cada tres hogares en México está a cargo de una madre sola. En muchos casos, se trata de mujeres que han sido abandonadas por hombres que renunciaron a su paternidad de manera consciente.
“Un padre abandónico, un hombre que, de manera consciente, ha renunciado a sus responsabilidades y a ejercer la paternidad”.
La situación afecta a más de 30 millones de niñas y niños, quienes crecen sin el apoyo de sus padres, no solo en lo emocional, también en lo económico.
Deudores alimentarios en México con cargo y poder
Lo más grave, denuncian, es que hay jueces y funcionarios públicos que figuran en listas de deudores alimentarios. Y pese a ello, siguen ejerciendo autoridad.
“Ahora mismo tenemos casos de jueces que participaron en este proceso, que tienen expedientes abiertos de deudores alimentarios, que no han pagado (la pensión) y que muchos de ellos han sido electos”.
El caso más reciente es el de Roberto Alejandro Pérez, electo magistrado penal en Veracruz. Fue denunciado por Emilia Espinoza, madre de sus hijos, por no cumplir con la pensión. También está Mirsha Rodrigo León, electo magistrado civil en Ciudad de México, acusado por diversas madres de encubrir violencia vicaria y de proteger a deudores.
Otro caso es el de Juan Miguel Morales Monter, quien busca llegar al tribunal familiar. Fue separado de la fiscalía tras revictimizar a Maha Schekaiban y quitarle la custodia de sus hijos.
Denuncia pública y protesta simbólica
Frente al INE en Ciudad de México, madres y activistas colocaron carteles con los rostros de estos jueces; el domingo, presentaron una denuncia formal contra al menos diez de ellos.
“Estos casos no son hechos aislados, sino el reflejo de una estructura institucional (…) quien no garantiza justicia ni cumple con sus responsabilidades más básicas no debe ejercer autoridad ni representar al Estado”.
Así lo afirmó la agrupación Ley Sabina, que busca que ninguna persona deudora pueda seguir en funciones sin rendir cuentas.
Por su parte, en estados como Nuevo León y la Ciudad de México, algunas legisladoras promueven medidas para hacerles la vida menos cómoda a los deudores. Una de estas propuestas busca prohibirles el acceso a estadios y conciertos.
La diputada Greta Barra ―de Morena― fue directa:
“Si tienen recursos para entrar al estadio, claro que tienen para la alimentación de sus hijos”.
Pero para que eso se cumpla, antes se necesita algo básico: que todos los estados activen el registro de deudores. Hoy solo Oaxaca y Coahuila tienen esa base de datos pública. La Ciudad de México apenas anunció que lo hará pronto.
“Somos un país futbolero y creo que el que (…) se les prohíba la entrada al estadio sería importantísimo. Es un mensaje al final de no tolerancia a estos señores”, afirmó la activista.
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