En medio de críticas por parte de la Oposición, la Cámara de Diputados avaló en lo general una ley secundaria que fortalece las tareas de investigación e inteligencia de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), lo que ha sido catalogado por legisladores contrarios como una “Ley Espía”.
Esta legislación forma parte de la reforma al Artículo 21 constitucional y permite a la SSPC acceder sin restricciones a registros telefónicos y biométricos. Durante la misma sesión, los diputados analizarán otro dictamen vinculado, lo que refuerza las preocupaciones de los opositores.
El dictamen de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública quedó aprobado con 445 votos a favor, incluyendo legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Movimiento Ciudadano (MC) y una parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
Sin embargo, el debate se tensó cuando la Oposición señaló que el dictamen original fue sustituido por otra versión impulsada por Morena y sus aliados. Publicada apenas durante la madrugada del miércoles.
Entre los cambios, destaca que el artículo 5 de la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia establece que habrá una plataforma nacional bajo control del Centro Nacional de Inteligencia (CNI). La cual estará conectada a todos los sistemas de seguridad estatales, registros oficiales y bases de datos públicas e incluso privadas.
También se mantiene la facultad para que el titular de la SSPC solicite información a instituciones públicas, privadas y de seguridad sobre registros que incluyen datos biométricos o telefónicos.
La norma incluye la posibilidad de que la SSPC establezca mecanismos de colaboración con empresas privadas y entidades públicas para compartir datos con el CNI.
Diputados aprueban Ley tipo espía a la SSPC; oposición alerta
El diputado Gibrán Ramírez, de Movimiento Ciudadano, criticó duramente el proceso:
“Vemos las incorporaciones que se hicieron en la madrugada. Desde el 13 de febrero se publicaron las iniciativas y unas horas antes de su discusión, buscan modificar buena parte de lo presentado originalmente sin discusión previa, sin hacer política”, afirmó.
Uno de los cambios más llamativos fue la eliminación del padrón de usuarios de telefonía móvil. Según la diputada Claudia Ruiz Massieu, del mismo partido, aunque el registro terminó eliminado, eso no significa que la concentración de información desaparezca:
“Se elimina el registro obligatorio de usuarios de líneas telefónicas, lo cual suena muy bien, pero es una modificación engañosa porque se elimina el registro, pero se mantiene la concentración de información en la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, explicó.
Además, el Consejo Nacional de Seguridad Pública también tendrá la facultad de suspender temporalmente los recursos federales destinados a estados y municipios en caso de que estos no cumplan con los acuerdos establecidos. De esta manera, la medida busca reforzar el cumplimiento de compromisos en materia de seguridad pública. En dado caso de no cumplir con sus acuerdos, y podrá ordenar que se reintegren a la Tesorería de la Federación. Esto, junto con los rendimientos generados.
El priista César Domínguez recordó que la distribución de recursos públicos es una atribución exclusiva de la Cámara de Diputados. Y con ello, enfatizó que ni siquiera el Presidente puede suspender dichos fondos.
“La suspensión de recursos es algo que no puede hacer ni la Presidencia de la República”, recalcó.
