El caso del crematorio Plenitud ha dado un nuevo giro. Un juez local decidió vincular a proceso a José Luis A. C., de 39 años, dueño del establecimiento, y a su ayudante, Facundo M. R., de 64, por su presunta responsabilidad en los delitos de “inhumación, exhumación y respeto a los cadáveres o restos humanos en perjuicio de la sociedad.”
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Ambos permanecerán en prisión preventiva mientras avanzan las investigaciones. El juez otorgó un plazo de seis meses al Ministerio Público para completar las diligencias y reunir más pruebas.
¿Qué se investiga?
La Fiscalía ahora debe esclarecer si las funerarias que contrataban los servicios del crematorio sabían de la acumulación de cuerpos y de la entrega de cenizas que no correspondían a los difuntos.
También se investigará si hay funcionarios públicos, estatales o municipales, involucrados en una posible red de corrupción relacionada con el manejo de cadáveres. Otra línea que sigue abierta es la posible venta ilegal de ataúdes originalmente adquiridos por las familias de los fallecidos.
La magnitud del caso
Durante la audiencia, personal de la Unidad de Delitos de Peligro Contra la Paz, Seguridad de las Personas y la Fe Pública presentó pruebas que vinculan directamente a ambos acusados con la acumulación de al menos 383 cuerpos que debieron haber sido cremados.
En conferencia de prensa, el fiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, confirmó que ya se han analizado 148 cuerpos.
“Se está haciendo una clasificación muy individualizada para que, al momento de hacer las identificaciones, esto se vaya de una manera más rápida y podamos hacerlo con menos contratiempos. Estamos trabajando técnicas de hidratación en muchos de los cuerpos”,
señaló.
El fiscal también informó que hasta ahora han identificado de forma preliminar 27 cuerpos, gracias a elementos como las pulseras hospitalarias que portaban algunos de ellos, posiblemente relacionados con fallecimientos por Covid-19.
En medio del escándalo, varias familias se han presentado ante la Fiscalía y algunas funerarias con las cenizas y datos de sus difuntos. Buscando aclarar si las urnas que recibieron realmente pertenecen a sus seres queridos. La Fiscalía ya está trabajando en contactar a las familias cuyos nombres coinciden con los registros de los cuerpos identificados.
La situación sigue siendo delicada y compleja, y en los próximos meses se esperan más avances conforme se recaben nuevas pruebas y se profundicen las investigaciones.
