Con 369 votos a favor, 104 en contra y 3 abstenciones, diputados de Morena, Partido del Trabajo (PT), Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y Movimiento Ciudadano (MC) dieron luz verde a la nueva Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión. Esta reforma busca regular el espectro radioeléctrico y llega con cambios importantes que han levantado polémica.
Uno de los puntos centrales es que obliga a las empresas a activar y mantener activas solo las líneas que estén vinculadas a usuarios que presenten una identificación oficial con CURP, en el caso de personas físicas. O en su caso con RFC, si son personas morales.
Además, se crea la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), que reemplazará al antiguo Instituto Federal de Telecomunicaciones. Esta nueva agencia se encargará de trazar las políticas del Gobierno Federal en telecomunicaciones, satélites y radiodifusión. Así como diseñar el plan nacional de conectividad y acceso a internet.
Diputados avalan Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión
También nace la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que tendrá entre sus tareas mantener actualizado el Registro Público de Telecomunicaciones. Este registro incluirá el Registro Público de Concesiones y el Sistema Nacional de Información de Infraestructura, una base de datos con información geo-referenciada de la infraestructura activa, medios de transmisión, infraestructura pasiva y derechos de vía.
El diputado Erubiel Alonso Que, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), cuestionó duramente la iniciativa y advirtió:
“Las redes sociales dejarán de ser un espacio de libertad, las redes ya no serán de las y los ciudadanos, sino del Gobierno, podrá controlar lo que se dice, lo que se comparte, lo que se critica, el contenido ya no será fruto de la creatividad de las y los ciudadanos, sino de la autorización del Gobierno, se convertirá en un filtro ideológico, donde lo que no le guste al poder, simplemente no se podrá comunicar”.
Por su parte, el diputado Antonio de Jesús Ramírez Ramos, del PVEM, defendió la propuesta y subrayó:
“No habrá censura previa, ni ambigüedades legales que la permitan, esta ley, la libertad no se simula, al contrario, se garantiza”.
Añadió además que:
“Frente a quienes expresaron sus legítimas preocupaciones sobre la libertad de expresión, esta ley responde con hechos, se elimina la disposición que permite el bloqueo de plataformas; se garantiza la libre difusión de contenidos culturales y educativos y se fortalece los derechos de las audiencias”.
Con estos argumentos encontrados, la ley pasa ahora a un nuevo capítulo. Mientras, expertos y ciudadanos mantienen el debate abierto sobre su impacto en la libertad de expresión y el acceso a las telecomunicaciones en México.
