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La organización Artículo 19 volvió a prender las alertas sobre la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión, recién aprobada por la mayoría parlamentaria en la Cámara de Diputados. Aunque hubo ajustes a su contenido, el organismo advierte que sigue presentando riesgos graves para los derechos humanos.
“Sigue siendo insuficiente y regresiva en materia de derechos humanos, como la protección de datos personales y privacidad, así como un pendiente en materia de derechos indígenas”, advirtió la organización.
Uno de los puntos más polémicos es el uso obligatorio de la CURP, en combinación con datos biométricos, como requisito para activar líneas móviles o acceder a servicios públicos y privados.
“La CURP como requisito para la activación de líneas móviles, esta disposición, sumada las reformas de la Ley General de Población y la Ley en materia de Desaparición Forzada, imponen que sea biométrica como condición obligatoria para acceder a los servicios públicos y privados”.
Ley de Telecomunicaciones vulnera derechos: Artículo 19
Según Artículo 19, esta exigencia permitiría que el Estado tenga acceso en tiempo real a la identidad de toda la población. Todo ello, sin suficientes controles ni mecanismos de transparencia.
“Las autoridades podrán acceder irrestrictamente a toda la información de una persona para fines compatibles —o no— con los principios demócratas”.
La redacción ambigua de la Ley también deja la puerta abierta a interpretaciones que podrían justificar ingresos arbitrarios por parte de funcionarios y un posible escenario de vigilancia masiva.
“Sumado a la Ley de Inteligencia que establece que el Centro Nacional de Inteligencia podrá acceder sin restricciones a las bases de datos, la otra propuesta que avala que la Guardia Nacional (GN) determina que los militares también tendrán dicho acceso sin controles”.
Además, señalaron que la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones no tendrá independencia. Ya que sus miembros serán designados directamente por el Ejecutivo y ratificados por el Senado, lo que resta autonomía al organismo.
Sobre las radios comunitarias, Artículo 19 consideró que siguen sin recibir el respaldo suficiente:
“Quedó en las mismas condiciones insuficientes”, dijo la organización, al señalar que no se simplificaron los trámites ni se garantizó un acceso preferente.
Finalmente, —cuestionaron todo el proceso legislativo y su contenido—, argumentando que no amplía derechos sino que los restringe.
“Rechazamos enérgicamente estas y las demás disposiciones contenidas en las enunciadas propuestas legislativas que buscan no expandir, sino mermar los derechos humanos al ampliar las capacidades de opacidad y vigilancia estatal”.
La Ley fue aprobada hace dos días con 369 votos a favor de Morena y sus aliados, mientras que la oposición sumó 103 en contra. Según el dictamen oficial, esta reforma busca proteger derechos de usuarios y audiencias, fomentar la inclusión digital y facilitar el acceso para personas con discapacidad. Aunque organizaciones civiles opinan lo contrario.
