El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) busca poner un alto a las llamadas y mensajes no solicitados que diariamente reciben miles de personas en el país. El diputado Luis Orlando Quiroga presentó una iniciativa para reformar la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión.
Dicha propuesta plantea adicionar los artículos 191 Bis y 191 Ter con el objetivo de regular este tipo de comunicaciones y reforzar los mecanismos de protección de datos personales y el derecho a la privacidad.
Por ello, la iniciativa —establece— que cualquier llamada o mensaje, ya sea telefónico o por internet, con fines publicitarios, de cobranza o prospección comercial, deberá contar con el consentimiento previo, libre e informado del usuario. En caso contrario, se considerará comunicación no solicitada y estará sujeta a sanciones.
Además, los concesionarios de telecomunicaciones y quienes usen redes públicas para emitir mensajes masivos deberán consultar los registros de usuarios que no desean recibir publicidad, abstenerse de contactarlos, aplicar filtros de exclusión y ofrecer mecanismos inmediatos para que cualquier persona pueda eliminar sus datos de las bases de contacto.
PVEM proponen reforma para frenar llamadas y mensajes no solicitados
El diputado explicó que las llamadas y mensajes sin autorización representan una afectación directa a la privacidad. Sobre todo cuando se trata de fraudes o cobranza indebida.
Asimismo, el integrante del partido verde —destacó que este problema ha crecido— con el uso de tecnologías automatizadas que intercambian datos personales sin permiso. Lo que provoca molestias cotidianas, estafas y una percepción de indefensión ciudadana.
La propuesta busca que la nueva autoridad en telecomunicaciones y radiodifusión tenga atribuciones claras para supervisar y sancionar —el uso indebido de medios de comunicación—. Además de obligar a los concesionarios a consultar registros actualizados.
Finalmente, señaló que, ante la transformación del Instituto Federal de Telecomunicaciones y de la Profeco. Es necesario que una ley vigente garantice la protección de los datos personales y respalde el derecho a la privacidad de los usuarios.
