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Durante una conferencia realizada este domingo, Omar García Harfuch presentó la nueva Estrategia Nacional contra la Extorsión, enfocada en combatir este delito en los estados donde más se reporta.
El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) explicó que se trabajará especialmente en ocho entidades: Estado de México, Guanajuato, Nuevo León, Ciudad de México, Veracruz, Jalisco, Guerrero y Michoacán.
Estas regiones concentran la mayoría de los casos en el país.
“Con atención multidisciplinaria y equipos de trabajo especializados”, se buscará frenar este delito, explicó Harfuch.
Uno de los primeros pasos será reforzar el uso del número 089, que se usará para recibir denuncias de extorsión. Además, habrá operadores capacitados en manejo de crisis y negociación.
La estrategia también contempla:
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Detener a responsables mediante inteligencia.
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Crear unidades antiextorsión locales.
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Aplicar protocolos de atención a víctimas.
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Difundir una campaña preventiva a nivel nacional.
Harfuch aclaró que esta estrategia es posible gracias a la nueva Ley de Inteligencia, recientemente aprobada por el Congreso.
“Esto nos permite robustecer nuestras investigaciones y ampliar las capacidades para desmantelar redes criminales”, destacó.
SSPC da a conocer Estrategia Nacional contra la Extorsión; habrá congelamiento de cuentas
También se pondrá en marcha el congelamiento de cuentas bancarias ligadas a extorsión, en coordinación con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda.
—Otro punto importante— es que se solicitarán órdenes judiciales para bloquear celulares y líneas telefónicas usadas para cometer estos delitos.
Además, los operativos en centros penitenciarios se intensificarán para detectar y retirar equipos que puedan estar vinculados con extorsiones desde el interior.
Incluso, se capacitará a cajeros de tiendas de conveniencia para identificar intentos de extorsión en curso.
Durante el evento también estuvo Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, quien anunció que convocará a los fiscales estatales el 1 de agosto:
“Para establecer un compromiso en el levantamiento de todas las denuncias”.
Con estas acciones, el gobierno busca cerrar el paso al cobro de piso y ofrecer más herramientas a las víctimas para denunciar sin miedo.
