El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) confirmó que el diputado de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo, incurrió en violencia política de género contra la exdiputada federal Juanita Guerra.
Por esta razón, el exgobernador de Morelos estará inscrito durante un año y seis meses en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política en Razón de Género del Instituto Nacional Electoral (INE).
Aunque el “Cuau” mantendrá su fuero constitucional como legislador, no podrá buscar candidaturas ni ocupar cargos públicos en los próximos 18 meses. Hace algunos meses, Morena y sus aliados votaron en contra del juicio político que pretendía retirarle el fuero. Lo que permitió que siguiera protegido frente a la acusación penal en Morelos por presunto abuso sexual.
Desde el gobierno federal se defendió al exgobernador, señalando que es víctima de una campaña política para desprestigiarlo. Aun así, Blanco subió a tribuna —aunque no estaba enlistado como orador— para hablar de su proceso de desafuero. Además, se mostró “dispuesto a ir a la Fiscalía”.
“La exclusión de una mujer, diputada federal, de un evento público que ella promovió y al que previamente se le invitó, se tradujo en invisibilizarla y generó un impacto desproporcionado en el ámbito de tutela que se debe garantizar a las mujeres en el marco público”, argumentó la Sala Superior en la sesión pública del miércoles.
Tribunal Electoral confirma castigo a Cuauhtémoc Blanco; responsabilizan también a Arturo César Millán
Con ese razonamiento, los magistrados confirmaron que existió violencia política de género (VPG) en el caso. Responsabilizando tanto a Cuauhtémoc Blanco como a Arturo César Millán Torres, exdirector general de Logística del gobierno de Morelos.
La denuncia de la exdiputada detalló tres hechos ocurridos. Estos, durante la organización del desfile cívico militar por el CCXI Aniversario del Rompimiento del Sitio de Cuautla: no fue invitada a las reuniones previas, se le negó la colocación de un templete ya autorizado y no la dejaron ingresar al palco principal.
Al final, el Tribunal consideró probada esta última conducta y la calificó como un acto de invisibilización que afectó de forma desproporcionada sus derechos políticos.
