En una reciente conferencia, Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), aclaró que muchos de los 26 reos enviados a Estados Unidos habían logrado recursos judiciales para facilitar su liberación o traslado a cárceles de menor seguridad. Esto representaba un riesgo de que continuaran delinquiendo o incluso huyeran.
Señaló que los presuntos criminales consiguieron amparos para recluirse en prisiones de baja seguridad. Si hubieran salido en libertad, habrían representado una amenaza para sus víctimas.
“Muchos de ellos habían conseguido amparos para permanecer en cárceles de baja seguridad, e incluso se prevería que otros, actualmente en reclusión en centros penitenciarios federales, recibieran resoluciones similares que facilitarían su traslado a penales estatales, menos vigilados, incrementando el riesgo de continuar con sus operaciones delictivas o incluso un riesgo de fuga”, dijo Harfuch.
Criminales enviados a EU seguían delinquiendo en prisión
Además, mencionó que los litigios en curso buscaban su liberación anticipada, lo cual hubiera sido un retroceso en la lucha contra el crimen.
“De haberse conjuntado, significaría un retroceso en la lucha contra el crimen y un agravio contra las víctimas”, expresó.
Finalmente, el funcionario enfatizó que este traslado fue una medida necesaria para impedir que los criminales siguieran operando desde prisión, ejecutando secuestros, extorsiones, homicidios y otros delitos.
“Es un acto de autoridad, resultado de la política de cero impunidad y la coordinación absoluta del gabinete de seguridad”, concluyó García Harfuch.
