La Secretaría de Seguridad Pública de Tamaulipas aclaró que las llamadas de extorsión penal detectadas en algunos estados no se originan dentro del CEDES de Altamira. Durante esta administración se han hecho revisiones sorpresivas con apoyo de la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Guardia Estatal. En esas inspecciones no han encontrado teléfonos celulares dentro del penal. Así lo comentó Juan Antonio Sánchez Ruiz, subsecretario de los CEDES en Tamaulipas.
“Como les comentaba, ustedes conocieron al ingeniero encargado del mantenimiento de los 10 inhibidores de señal de telefonía celular, los cuales requieren actualización cada seis meses. Cuando pedimos a las compañías de telefonía móvil información sobre el origen de llamadas, únicamente señalan la antena más cercana al penal. Aquí tenemos tres: una a 1.6 kilómetros, otra a 1 kilómetro y una más a 600 metros. Cada una cubre un radio promedio de entre 800 metros y 1 kilómetro, por lo que solo indican el perímetro de origen, pero no las coordenadas exactas”.
El funcionario explicó que grupos delictivos suelen colocarse cerca de los penales para que las llamadas se atribuyan a los internos. Aunque no lo sean y que parezca extorsión penal en Altamira.
“Cualquier llamada que salga desde este perímetro será atribuida al CEDES de Altamira, aunque en realidad se trate de personas ajenas a los PPLs”.
Por otro lado, el mantenimiento de los inhibidores se hace dos veces al año para asegurar que sigan activos. Así lo informó Jorge Peralta, director de SoloTechnology. La labor de los inhibidores es cortar las frecuencias de radio que usan los celulares, evitando que se realicen llamadas o se conecten a internet dentro del reclusorio.
“Una vez que se cruza el área de revisión con los detectores de mano y arcos de metal, se pierde la conexión a internet y se bloquea la señal. La última actualización fue hoy. Cuando esta administración estatal inició, los inhibidores que existían estaban fuera de servicio; ante ello, el gobernador Américo Villarreal Anaya ordenó la compra de 40 nuevos dispositivos, distribuidos en los cinco penales que opera el estado”.
Por Rufino Aguilera
