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La presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, publicó el informe final de su gestión, que duró dos años y ocho meses, un periodo menor a los cuatro años para los que fue electa en enero de 2023.
Este informe, requerido por el Pleno de la Corte para el cierre de la actual integración. En total, tiene 563 cuartillas —en las que no se emiten críticas a la reforma impulsada por Morena— para renovar al Poder Judicial. Sin embargo, se mencionan algunas dificultades operativas y programas que no podrán concluirse.
El informe será presentado el próximo martes, junto con los informes de los presidentes de las Salas de la Corte, Javier Láynez y Loretta Ortiz. En lo que será la última actividad de la actual integración.
“Durante los casi tres años de mi gestión, el máximo tribunal del país enfrentó uno de los contextos más complejos de su historia reciente. A la responsabilidad cotidiana de impartir justicia con independencia, imparcialidad, eficacia y eficiencia, se sumó el desafío de una reforma de gran calado que transformó profundamente al Poder Judicial de la Federación (PJF)”, dice Piña en el informe.
A ello, agregó:
“A pesar de las complicaciones derivadas de este contexto, durante esta gestión las personas servidoras públicas que forman parte de la Suprema Corte trabajaron arduamente al servicio de la sociedad y de la impartición de justicia”.
El informe no contiene datos estadísticos sobre la actividad jurisdiccional del tribunal, los cuales están disponibles en otras fuentes.
Informe final de Norma Piña: retos y logros en la SCJN
Entre los retos que se mencionan está la preparación del proyecto de presupuesto para 2026. Mientras la Corte funcionará en 2025 con un 15 por ciento menos de recursos que en 2024, además de una reducción salarial del 48 por ciento para Ministros y altos mandos. Piña también recordó que en junio concluyó la extinción de seis fideicomisos de la Corte. Los cuales entregaron al gobierno 7,508 millones de pesos. Además, se menciona que el tribunal tiene 3,722 plazas laborales. Algunas de las cuales podrían desaparecer debido a la reducción de Ministros, que serán nueve en lugar de once.
En su informe, Piña —defiende la reforma judicial— impulsada por el expresidente Ernesto Zedillo en 1994. La cual transformó a la Corte en un tribunal constitucional autónomo respecto al Ejecutivo, y asignó la administración del PJF al Consejo de la Judicatura Federal (CJF).
“Con la reforma de 1994, la Suprema Corte comenzó a desempeñar un papel articulador dentro del sistema Constitucional mexicano. De esta forma, como tribunal Constitucional, ha ejercido funciones esenciales para el mantenimiento del equilibrio entre Poderes, la defensa del federalismo y la garantía de los derechos fundamentales, al tiempo que ha contribuido a la consolidación del modelo de democracia constitucional contenido en la Ley Suprema”, expresa Piña.
Piña —también destaca las reformas en materia de derechos humanos de 2011 y la reforma de 2021—, impulsada por su antecesor Arturo Zaldívar, que fortaleció la carrera judicial y buscó eliminar la corrupción y el nepotismo.
La mayor parte del informe está dedicada a detallar la reingeniería administrativa, de recursos humanos y operativa que Piña implementó durante su presidencia, un Plan Cuatrienal Estratégico que no se completará. Además, se incluyen capítulos sobre la defensa de los derechos humanos, la igualdad de género, la difusión pública y otros temas.
Al final de su gestión, Piña deberá elaborar un acta de entrega-recepción institucional para presentarla al nuevo presidente de la Corte, Hugo Aguilar, quien asumirá el cargo el 1 de septiembre.
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