La Secretaría de Salud de Tamaulipas presentó un total de 70 denuncias, de las cuales 14 son de carácter penal, en contra de la pasada administración y diversos exfuncionarios de dicho gobierno. Por presunta adjudicación ilícita de contratos que representan un quebranto al erario por un monto superior a los 343 millones de pesos.
“Se estima un quebranto aproximado de 343 millones 966 mil pesos; esas cantidades de dinero fueron pagadas a dos empresa, beneficiadando a Grupo Industrial Permart, y Grupo Industrial Joser”, precisó en conferencia de prensa el director jurídico y apoderado legal de la Secretaría de Salud de Tamaulipas, Iván Saldaña Magaña.
Junto al secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro; la secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Norma Angélica Pedraza Melo, y la secretaria de Administración, Luisa Eugenia Manautou Galván. A su vez, detalló que las denuncias fueron presentadas ante el Congreso del Estado, la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno de Tamaulipas. Y, además, que los ilícitos detectados incluyen el uso indebido de atribuciones y facultades, así como operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Secretaría de Salud de Tamaulipas emite denuncias contra exfuncionarios
Entre los principales imputados se encuentran el exgobernador Francisco García Cabeza de Vaca; su exsecretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gamboa; el entonces subsecretario de Planeación y Vinculación de la Secretaría de Salud, Horacio García Rojas Guerra; el exsubsecretario de Administración y Finanzas, Alejandro Aguilar Poegner, así como Román Castillo Airola, exdirector de Compras de la Secretaría de Administración.
“El común denominador de estos actos es el hecho de que, durante el ejercicio fiscal 2017 y 2018, se celebraron diversos contratos de prestación de servicios, a través de los cuales dos empresas se convirtieron en proveedores de mantenimiento a diversos hospitales de la entidad en la pasada administración estatal”, explicó.
Saldaña Magaña explicó que el modus operandi consistió en que dichas empresas se asociaron con exfuncionarios estatales para:
“Hacer contrataciones por el monto de los 500 millones de pesos, de los cuales, por alguna situación especial y de forma rara y sospechosa, se dejó de cubrir la cantidad de 157 millones de pesos sin que hasta la fecha se encuentre dato o indicio alguno de que dichos proveedores hayan ejercido alguna acción legal en contra de dicha falta de pago”.
Tras destacar que se ha tenido la colaboración de personas que laboraron en la pasada administración estatal. El director jurídico de la Secretaría de Salud enfatizó que no se trata de una persecución política. Sino de “poner a la luz del conocimiento de la ciudadanía. Lo que refiere a los hechos que se han presentado. Los cuales, han dañado las finanzas del Gobierno del Estado en menoscabo de los servicios de salud de Tamaulipas”.
