En 19 estados de la República, la elección judicial reprodujo los vicios que se dieron en el proceso federal, como la intervención de gobiernos estatales y partidos políticos, así como deficiencias en la organización por parte de la autoridad electoral, según advirtió el Laboratorio Electoral.
En su análisis sobre las elecciones, la organización indicó que estos factores también llevaron a resultados condicionados. Los gobiernos estatales —ejercieron— influencia en la selección de candidatos, la organización de los procesos fue apresurada por los institutos locales electorales. Igualmente, hubo escasez de reglas claras para las campañas. Además, la baja participación ciudadana y el uso de “acordeones” para inducir el voto fueron identificados como irregularidades que restaron legitimidad al proceso.
“Este proceso, que está por concluir ha servido como un experimento a gran escala para el sistema judicial mexicano; no obstante, con miras a 2027 deberá superar problemas logísticos, políticos y, sobre todo, de legitimidad”, menciona el informe.
Cabe señalar, que entre los principales errores identificados; destacan el alto abstencionismo, la complejidad de las boletas, la selección de los perfiles y la utilización ilegal de guías de votación. Estos factores, señala el Laboratorio Electoral, deben ser corregidos en las elecciones intermedias.
Aunque las elecciones judiciales locales se realizaron mediante el voto libre, universal y secreto. Las irregularidades afectan la percepción sobre la independencia de las personas electas.
“No se cumplió con la legitimidad en los medios para instrumentar la elección ni en el objetivo de favorecer el interés público”, se afirma en el documento.
Análisis informa sobre fallos de la elección judicial en 19 estados
El Laboratorio Electoral —también hizo especial énfasis— en que la elección del Poder Judicial. Aunque proviene de una autoridad legítimamente electa, no ha cumplido con los demás criterios. Los mecanismos utilizados para implementarla y desarrollarla han sido señalados en repetidas ocasiones por organismos internacionales, sociedad civil, académicos y autoridades electorales. Esto pone en duda la calidad de la reforma y la capacidad de los estados para garantizar principios democráticos fundamentales.
La organización identificó patrones de irregularidades, tanto de los partidos políticos y gobiernos estatales como de las autoridades electorales, que han condicionado los resultados.
“Se advierte un comportamiento sistemático, tanto del gobierno federal como de gobiernos locales de diferentes fuerzas políticas, para condicionar los resultados y un panorama opaco e incierto para las elecciones de 2027”, se destaca en el informe.
El análisis menciona que la reforma publicada el 14 de octubre de 2024 sobre la elección de integrantes del Poder Judicial a nivel federal también incluyó a las entidades para que organizaran procesos similares.
De las 32 entidades federativas, en 19 se decidió realizar la elección de las autoridades judiciales el mismo día que se llevó a cabo la elección federal, el 1 de junio. En estos estados se eligieron cargos como la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia, magistraturas y personas juzgadoras. Además de la nueva figura de las magistraturas del Tribunal de Disciplina Judicial.
En total, participaron alrededor de 4,342 candidaturas para 1,800 cargos en diversas especialidades como Civil, Penal, Mercantil, Familiar y Laboral.
Las elecciones del Poder Judicial local se realizaron en Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Colima, Durango, Estado de México, Michoacán, Nayarit, Quintana Roo, San Luis Potosí, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz, Yucatán y Zacatecas.
Irregularidades también registradas en:
—Asimismo—, el informe también destaca ejemplos de irregularidades en estados como México y Durango. En el Estado de México, por ejemplo, el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo recibió autonomía. Pero también recursos del mismo Poder Ejecutivo, lo que plantea una contradicción fundamental:
“Un órgano cuya misión es ser un filtro técnico e imparcial no puede operar sin los recursos del Poder que postula a los candidatos.”
—En Durango—, gobernado por el Partido Revolucionario Institucional (PRI). Los tres comités de Evaluación acordaron postular a las mismas candidaturas para los cargos a elegir.
“Esta situación ilustra cómo la legitimidad del cargo no emanó de la voluntad popular, sino del consenso entre las élites políticas”, concluye el informe.
