La Fiscalía Anticorrupción de Tamaulipas avanza en la integración de varias carpetas de investigación por presunto desvío de recursos en la Secretaría de Salud durante la pasada administración.
El director jurídico de la dependencia, Iván Saldaña Magaña, informó que el monto observado asciende a unos 344 millones de pesos y que las denuncias involucran a exfuncionarios por uso indebido de atribuciones y recursos de procedencia ilícita.
“Estamos hablando de un estimado de 344 millones de pesos. Es la proyección que nosotros tenemos respecto a los desvíos detectados”, señaló.
Saldaña explicó que todas las denuncias se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción. La cual, es dirigida por Jesús Eduardo Govea Orozco, y que el análisis de los documentos aún continúa. Esto, debido a la gran cantidad de pruebas entregadas.
“La gente pudiera pensar que una vez presentada la denuncia, inmediatamente puede haber una acción. Lo cierto es que no debemos olvidar que esas denuncias fueron acompañadas con cajas y cajas, miles de documentos, que la Fiscalía debe revisar cuidadosamente”, apuntó.
La Secretaría de Salud mantiene comunicación directa con la Fiscalía para dar seguimiento a los casos.
“Nosotros estamos en contacto con la Fiscalía. Queremos que se judicialicen las carpetas, y una vez que eso suceda, que se realice la audiencia inicial y se formule la imputación directamente a las personas señaladas”, detalló.
Anticorrupción de Tamaulipas investiga desvío millonario en Salud; irregularidades detectadas
El funcionario adelantó que esta o la próxima semana acudirá personalmente a la Fiscalía para conocer el estado de las 14 carpetas en proceso.
Entre las irregularidades, destacó la existencia de pagos millonarios sin contratos ni facturas, lo que representa violaciones graves a la Ley de Adquisiciones del Estado.
“Hay pagos millonarios sin factura. Y eso es un requisito legal”, sostuvo.
Finalmente, recordó que las denuncias no solo se presentaron ante la Fiscalía Anticorrupción, sino también ante la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación y la Secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
Por Lupita Domínguez González
