Se han acumulado varias denuncias en contra de la jueza Roxanne Ibarra Canul. La cual está a cargo del Juzgado Tercero de lo Familiar en Altamira. Son al menos seis las quejas por presuntas irregularidades judiciales de custodia de menores en Tamaulipas. Siendo uno de los casos más polémicos, el de una niña de tres años. Así lo revelo la diputada Lucero Deosdady Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género y Diversidad.
En este caso no aplicaron los protocolos de perspectiva de género ni consideraron el interés superior de la infancia. No escucharon oportunamente a la madre de la menor, no le brindaron acompañamiento institucional y violaron sus derechos fundamentales. Así lo explicó la diputada Martínez.
Irregularidades judiciales en Tamaulipas generan controversia y reclamos por decisiones en casos de custodia de menores
Este descontento por las irregularidades judiciales en Tamaulipas, ha salido a las calles de Tampico. Donde ciudadanos se manifestaron para exigir un cambio en las decisiones judiciales. A pesar de que el caso de la niña tiene su origen en Madero, las protestas se extendieron por todo el sur del estado. Lo cual —según Martínez— es un claro reflejo de la creciente inconformidad social.
Con este panorama, la diputada —quien también es abogada— anunció que gestionará una reunión con Hernán de la Garza Tamez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Tamaulipas. El objetivo es que el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial revise el actuar de la jueza.
“La ciudadanía pide justicia imparcial, apegada al derecho, y jueces que actúen con ética”, destacó la legisladora, al hacer énfasis en la importancia de revisar estos casos.
Es una gran oportunidad la creación de un órgano disciplinario externo en el Poder Judicial. Para sancionar a quienes no cumplan con su responsabilidad de impartir justicia, como en las irregularidades judiciales de Tamaulipas. Su comisión legislativa estará al tanto de los expedientes. Para asegurar que las denuncias reciban el seguimiento adecuado. Así lo afirmó la diputada.
No se trata de un caso aislado, sino de una situación recurrente que cuestiona la credibilidad del sistema judicial. Concluyó que los jueces deben actuar con ética y responsabilidad. Pues sus decisiones afectan directamente la vida de los menores y la estabilidad de las familias en Tamaulipas.
Por Enrique Jonguitud Blanco























