La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó que el ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, cuenta con un equipo de 103 asesores dentro de la plantilla laboral del Máximo Tribunal, que entró en funciones este mes de septiembre.
En un comunicado, la Presidencia de la Corte explicó que, a diferencia de administraciones anteriores, Aguilar Ortiz también asumirá funciones jurisdiccionales. Lo que significa que recibirá asuntos para su análisis y la presentación de proyectos ante el Pleno.
En detalle, la ponencia del ministro presidente está conformada por ocho secretarios de Estudio y Cuenta, 12 secretarios auxiliares y 39 personas de apoyo operativo. Sin embargo, a partir del 1 de octubre esta estructura se reducirá en un 40 por ciento, quedando integrada por siete secretarios de Estudio y Cuenta, ocho secretarios auxiliares y 25 personas de apoyo operativo.
Además, la Presidencia mantiene activa una Coordinación de Dictaminación, encargada de revisar proyectos de las y los ministros. Esta área cuenta con un coordinador, 12 secretarios de Estudio y Cuenta, cinco secretarios auxiliares, un dictaminador y 15 personas de apoyo operativo. También se incluyen 10 colaboradores más, entre ellos el propio presidente de la SCJN.
SCJN informa que Hugo Aguilar cuenta con 103 asesores; habrá nuevas medidas
El ministro Aguilar Ortiz —informó— que, entre las nuevas medidas, se reducirá el personal de seguridad de la Presidencia, mientras que las sesiones del Pleno aumentarán en frecuencia y duración, realizándose cuatro veces a la semana en diferentes regiones del país. Asimismo, señaló que se dará atención prioritaria a los grupos en situación de vulnerabilidad.
“Toda la información anterior se reflejará de manera transparente en la página web de la Suprema Corte, conforme se actualicen los registros administrativos que correspondan”, indicó el ministro presidente.
En la ponencia de Aguilar Ortiz destaca la incorporación de Vidulfo Rosales Sierra, exabogado de los padres de los 43 normalistas de Ayotzinapa. A quien se integró como secretario de Estudio y Cuenta en la Coordinación General de Asesores de la Presidencia de la SCJN.
Rosales renunció el pasado 20 de agosto a la representación legal de las familias de los normalistas desaparecidos en Iguala, Guerrero, así como a la dirección del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan. De acuerdo con el portal de la Corte, percibirá un salario neto mensual de 118 mil 138 pesos.