La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió que los municipios no tienen facultades para otorgar ni cobrar permisos relacionados con obras en materia eléctrica e hidrocarburos. Estas atribuciones, aclaró, corresponden únicamente a la Federación.
En lo que fue su segunda sesión pública, los nueve ministros revisaron controversias constitucionales promovidas por la Presidencia contra leyes de ingresos municipales de Sabinas, Múzquiz, Nava, Castaños, Ocampo y Frontera, en Coahuila. Dichos ayuntamientos buscaban cobrar licencias de operación a centrales termoeléctricas, solares, hidroeléctricas, eólicas, fotovoltaicas y similares. Además de permisos para actividades de extracción de gas y petróleo.
El Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, defendió que la Constitución reconoce a los municipios la facultad de autorizar y vigilar el uso del suelo. Sin embargo, la mayoría de ministros votó en contra, avalando las propuestas de invalidez planteadas por las ministras Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz.
“No podemos dejar en manos de un Municipio que se dé un permiso”, expresó Ortiz.
Por ello, recordó que el artículo 27 constitucional establece que los recursos naturales son propiedad de la Nación.
SCJN invalida cobros municipales en permisos de obras eléctricas
A su vez, Esquivel —reforzó— que el manejo de hidrocarburos es competencia exclusiva del Estado mexicano. Aguilar Ortiz, aunque citó el artículo 115 de la Constitución para defender la autonomía municipal, no logró convencer al Pleno.
“No hay que ser ajenos a la problemática social que muchas veces generan estos proyectos de gran envergadura, porque las comunidades, las localidades o, en este caso, los municipios en los lugares donde se implementan no son tomadas en consideración”, señaló, sin éxito.
Invalidan cobros por copias simples y certificadas
Durante la sesión, la cual se extendió por más de cuatro horas. Igualmente, se invalidaron artículos de leyes de ingresos de 21 municipios de Michoacán, Durango y Guerrero que fijaban cobros excesivos por copias simples y certificadas.
—En este punto—, Lenia Batres defendió que los congresos locales definieran las tarifas, e incluso consideró que los costos altos eran “incentivos adecuados para que los ciudadanos usen racionalmente los servicios públicos”. No obstante, la mayoría sostuvo que debía garantizarse el acceso a la información pública digitalizada sin que los precios se conviertan en una barrera económica.
Para finalizar, Ortiz propuso ampliar la invalidación y emitir un exhorto a los congresos. Mientras Batres pidió que el texto final regresara al Pleno para votarse nuevamente.
