La Cámara de Diputados aprobó en lo general la reforma a la Ley de Amparo con el respaldo mayoritario de Morena. El resultado fue de 345 votos a favor, 131 en contra y 3 abstenciones.
La discusión continuará en lo particular para revisar más de 300 reservas presentadas por legisladores. Esta minuta, que había sido avalada en comisiones unidas de Justicia, Hacienda y Crédito Público, fue aprobada por el Senado el pasado 1 de octubre.
Previo a su votación en el Pleno, se realizaron foros en San Lázaro donde se abordaron los alcances de la propuesta impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
Diputados aprueban en lo general reforma a la Ley de Amparo
Desde el Partido Revolucionario Institucional (PRI), se adelantó el voto en contra, argumentando que la iniciativa atenta contra la Constitución y la democracia del país.
“Votaremos en contra porque la reforma no nace ni de la sociedad popular, ni de la ciudadanía, ni de la judicatura informada. Votaremos en contra porque proviene del poder de la amargura de un expresidente, de la intolerancia y del odio por haberle cuestionado sus obras faraónicas”, expresó en tribuna Rubén Moreira, líder de los diputados del tricolor.
Agregando, que:
“Están demoliendo la democracia mexicana, es inconstitucional y contraviene el artículos 1 y la promesa que hicimos de respetar la Constitución”.
La diputada de Morena y exministra Olga Sánchez Cordero se abstuvo de votar en comisiones. Esto, al considerar que la minuta podría limitar los derechos colectivos, aunque también reconoció el uso excesivo del amparo.
¿Retroactividad?
La propuesta ha generado amplias críticas debido a que durante su análisis se planteó la posibilidad de aplicar retroactividad en los artículos transitorios; es decir, que pudiera aplicarse a juicios en curso.
Por su parte, líderes de la oposición señaló que dicha medida sería inconstitucional al contradecir el artículo 14, que establece que “ninguna ley se le dará efecto retroactivo en prejuicio de una persona”.
Activistas y especialistas también han manifestado su preocupación por varios puntos, entre ellos:
- La redefinición del interés legítimo, que podría restringir quién puede presentar amparos.
- El debilitamiento de la suspensión como medida cautelar, lo que dejaría desprotegidas a las personas afectadas.
- Un posible aumento en el incumplimiento de sentencias, ante la falta de sanciones efectivas.
- La implementación desigual de mecanismos judiciales por falta de infraestructura.
- El riesgo de que autoridades estatales amplíen sus facultades sin controles suficientes en materia financiera, administrativa o de seguridad nacional.
Cabe señalar, que la reforma aún deberá discutirse en lo particular antes de avanzar hacia su promulgación definitiva.
