Senadores de Morena manifestaron ante funcionarios de la Secretaría de Hacienda su inquietud por el posible impacto en el empleo que podría generar el nuevo impuesto a los refrescos, recientemente aprobado por la Cámara de Diputados.
El Senado se alista para analizar las cuatro leyes que conforman el paquete de ingresos. Dichos dictámenes se discutirán en comisiones este martes y podrían llegar al pleno el miércoles.
Durante la reunión, la senadora priista Claudia Anaya cuestionó el alto nivel de endeudamiento público proyectado para 2026. Pero sus dudas no recibieron respuesta por parte del presidente de la Comisión de Hacienda, Miguel Ángel Yunes Márquez.
En el encuentro participaron la subsecretaria de Hacienda, María del Carmen Bonilla Rodríguez; el subsecretario de Ingresos, Gabriel Lerma; y el administrador general jurídico del SAT, Ricardo Carrasco Varona.
Por su parte, la senadora morenista Nora Ruvalcaba advirtió la necesidad de anticipar posibles consecuencias negativas del nuevo gravamen.
“La industria de bebidas azucaradas ha estimado que la ampliación del impuesto podría llevar a la pérdida de hasta 150 mil puestos de trabajo directos o indirectos en los próximos cinco años, argumentando un riesgo para el empleo y la inversión”.
Morena alerta por impacto laboral del impuesto a refrescos
Asimismo, Ruvalcaba —pidió— a los funcionarios un análisis sobre el impacto en el empleo y las estrategias del Gobierno. Esto, para proteger a los trabajadores del sector. También preguntó si los impuestos a los refrescos y al tabaco podrían ser “inflacionarios y regresivos, toda vez que son los más pobres quienes consumen dichos productos”.
En respuesta, Gabriel Lerma aseguró que en Hacienda no prevén una afectación significativa al empleo.
“No vemos una pérdida de empleo relevante ni en las plantas productoras ni en las tienditas. Ellos ofrecen productos sustitutos. Las tienditas tienen diferentes alternativas para generar el mismo ingreso”.
Sobre la llamada “Ley Espía”, el funcionario del SAT Ricardo Carrasco Varona negó que se pretenda vigilar a los usuarios de plataformas digitales.
“Eso nunca va a pasar. Lo que sí establece la reforma es que las plataformas deberán permitir a las autoridades fiscales el acceso a la información, que permita conocer el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales”.
Carrasco explicó que la medida busca mejorar la recaudación y evitar discrepancias en los montos reportados por las plataformas digitales. Muchas de las cuales operan desde el extranjero.
“El único propósito que tiene esta reforma es garantizar que el monto que, desde hace un par de años, estas empresas enteran al SAT y reportan, coincida con la realidad de lo que cobraron a los usuarios… No es otra la intención, ni es otra la regulación”.
De esta manera, Hacienda y el SAT defendieron que las modificaciones no buscan vigilar, sino asegurar que los impuestos se cobren correctamente y lleguen al erario federal.
