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Organizaciones de la sociedad civil advirtieron que un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) podría poner en riesgo el acceso a la justicia ambiental y los derechos humanos en México.
En un comunicado firmado por 32 asociaciones. Señalaron que en lo que resta de la semana el máximo tribunal discutirá una propuesta de la ministra Yasmín Esquivel. La cual, busca restringir la posibilidad de que organizaciones civiles promuevan amparos relacionados con violaciones al derecho a un medio ambiente sano.
“El proyecto sostiene que es insuficiente el objeto social contenido en el acta constitutiva para acreditar el interés legítimo y acudir al amparo, dejando de lado su jurisprudencia respecto de la legitimación con la que cuentan organizaciones en materia de derechos humanos, educación, migración o cultura, cerrando así la puerta a la defensa de derechos colectivos y difusos”, expusieron.
ONGs critican proyecto de SCJN sobre justicia ambiental
Las asociaciones recordaron que esta iniciativa contradice criterios previos establecidos por la propia Corte y el Acuerdo de Escazú, del cual México forma parte. El cual, garantiza el acceso a la justicia ambiental y elimina obstáculos para que cualquier persona u organización defienda el medio ambiente.
“Restringir la legitimación de las asociaciones civiles y de los colectivos contradice el espíritu de este tratado y vulnera el principio de no regresión ambiental”, afirmaron.
El debate ocurrió en paralelo a la discusión en el Congreso sobre las modificaciones a la Ley de Amparo. Que, a su vez, buscan limitar el interés legítimo y la posibilidad de suspender actos de autoridad.
“La SCJN retoma un caso de 2021 para fijar un criterio restrictivo, que va en contra del principio de progresividad y que puede tener efectos devastadores en la defensa del medio ambiente, los derechos humanos y la participación ciudadana”, consideraron.
Añadiendo, que:
“En los hechos, esta coincidencia entre el poder judicial y el legislativo apunta a reducir los espacios de control ciudadano sobre el poder público y debilitar los mecanismos de protección constitucional”.
Entre las organizaciones firmantes se encuentran Artículo 19 México y Centroamérica, Causa Natura, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), el Centro de Derechos Humanos Ñu´u Ji Kandii “Tierra del Sol” y el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura Sostenible.
