El Congreso de Tamaulipas avanza hacia una reforma crucial que permitirá perseguir automáticamente el abuso sexual infantil sin necesidad de denuncia. Sin necesidad de que las víctimas o sus familias presenten una denuncia formal. Esta iniciativa es un esfuerzo por proteger a los menores de manera más efectiva. Evitando que el miedo o las represalias frenen la acción de las autoridades.
La propuesta nace como respuesta al alarmante aumento de casos de abuso infantil. Además de la cifra oculta que sigue creciendo debido a las barreras emocionales y sociales que enfrentan las víctimas. Así lo explicó Lucero Deosdady Martínez, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.
“Muchos casos no llegan a las autoridades, simplemente porque el agresor está dentro del entorno familiar o cercano, lo que dificulta la denuncia”, señaló la diputada.
Hasta el año 2024 se han registrado 323 casos de abuso sexual infantil, aunque se reconoce que esta cifra está lejos de reflejar la realidad en Tamaulipas. Se estima que muchos casos nunca llegan a la luz por el temor a represalias o la cercanía del agresor. Así lo detallan los datos de la Secretaría Ejecutiva de SIPINNA Tamaulipas.
Más del 90% de las agresiones las cometen familiares o personas de confianza, lo que resulta alarmante. Lo que aumenta la vulnerabilidad de las víctimas y las mantiene en una situación de indefensión. Así lo evidencia Martínez.
Este proyecto de reforma forma parte de la iniciativa más amplia llamada Pacto Xicoténcatl. Firmado por presidentas de comisiones de igualdad de género de varios congresos locales. Cuyo objetivo es crear un sistema uniforme de protección en todo México. La reforma busca establecer un marco penal más claro. Eliminando vacíos legales que impiden que las autoridades actúen cuando el abuso es cometido. Especialmente, en situaciones donde existe dependencia directa del agresor. Como cuando se trata de familiares o figuras de autoridad.
La reforma también contempla el ajuste de las penas, la incorporación de agravantes si el agresor es un funcionario público o miembro de la iglesia. Además, establece de manera firme que en las infancias no puede existir consentimiento bajo ninguna circunstancia. Incluso si no hubo violencia física directa.
Por Enrique Jonguitud Blanco
