En la antesala de la discusión en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre la reforma a la Ley General de Víctimas, el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh) y Fundar, Centro de Análisis e Investigación. Hicieron un llamado urgente para que se ponga a las víctimas en el centro de la agenda y se garantice la protección efectiva de sus derechos. En particular, —exigen— que se restablezca un recurso fijo, etiquetado e irreductible para la atención y reparación de las víctimas.
Este martes, la SCJN discutirá el proyecto de declaratoria general de inconstitucionalidad a cargo del Ministro Giovanni Figueroa Mejía. “La Corte tiene en sus manos la oportunidad de asegurar la protección efectiva de los derechos de miles de víctimas en México”, indicaron las organizaciones en un comunicado. Aseguraron que es esencial que el presupuesto mínimo sea garantizado. Todo ello, por los instrumentos legales disponibles y que se etiquete específicamente para ayuda, atención y reparación, asegurando que no se destine a otros fines.
La reforma a la Ley General de Víctimas de 2020 eliminó el mínimo presupuestal para la atención a víctimas. Un derecho el cual, había sido previamente establecido. Antes de esa reforma, el Artículo 132, fracción I, garantizaba un recurso mínimo del 0.014 por ciento del gasto programable del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) del año anterior.
Centro Prodh y más ONGs piden a la SCJN asegurar fondos para víctimas
Ante esta situación, el Centro Prodh promovió una demanda de amparo en enero de 2021. Esto, al considerar que esta eliminación representaba una regresión en los derechos de las víctimas. En marzo de 2024, la Primera Sala de la SCJN resolvió, por unanimidad, que la eliminación de esta garantía presupuestaria. A su vez, constituye una medida regresiva injustificada y violatoria del principio de progresividad en el derecho humano a una reparación integral del daño.
Dado que el Congreso de la Unión no realizó los cambios necesarios para revertir esta medida. La SCJN tiene en sus manos, al discutir el proyecto de declaratoria de inconstitucionalidad, la oportunidad de garantizar los derechos de las víctimas, con efectos claros y obligatorios.
Asimismo, el Centro Prodh —subrayó— que la eliminación de esta garantía ha afectado negativamente la capacidad del Estado para atender a las víctimas; impactando directamente en el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV).
Las organizaciones resaltaron que la decisión de la SCJN es crucial para garantizar el ejercicio pleno de los derechos de las víctimas. En lo que refiere a la asistencia, protección, atención, verdad, justicia y reparación integral. En un contexto donde la violencia sigue siendo alarmante y el número de víctimas aumenta. El Estado aún no ha logrado implementar una política de atención digna y adecuada. De este modo, dejando de lado el Sistema Nacional de Víctimas.
