La bancada de Morena en la Cámara de Diputados decidió adelantarse a las peticiones ciudadanas y anunció que ya tiene lista una iniciativa de reforma constitucional para que la consulta de revocación de mandato de la presidenta Claudia Sheinbaum se realice en 2027, el mismo día de las elecciones federales intermedias. El dictamen se presentará el próximo lunes.
El coordinador morenista, Ricardo Monreal, confirmó que la propuesta fue presentada por el diputado y vicecoordinador, Alfonso Ramírez Cuéllar. También señaló que será la Comisión de Puntos Constitucionales, encabezada por el diputado Leonel Godoy Rangel, la encargada de elaborarla.
Morena propone reforma que redefine el proceso de revocación del mandato
¿De qué trata esta reforma?
El proyecto de dictamen plantea modificar las fracciones VIII y IX del artículo 35 de la Constitución. En el documento se establece que la revocación de mandato de quien ocupe la Presidencia “se podrá solicitar en una sola ocasión durante el periodo de los seis meses previos a la conclusión del tercer año del periodo constitucional”.
Además, señala que este ejercicio “se realizará mediante votación libre, directa y secreta de ciudadanos y ciudadanas inscritos en la lista nominal, el mismo día y durante la jornada electoral correspondiente a las elecciones ordinarias intermedias para elegir diputados y diputadas al Congreso de la Unión”.
De igual manera, Morena ya había intentado algo similar en el sexenio anterior. Cuando buscó que la consulta de revocación de mandato del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador se realizara el 6 de junio del 2021.
Junto con la elección federal intermedia, sin embargo, al no contar con mayoría calificada, la propuesta no avanzó y la consulta se llevó a cabo el 10 de abril de 2022.
Asimismo, ese ejercicio del año 2022 fue el primero de su tipo en México. Aunque nació como una herramienta para que la ciudadanía decidiera si un presidente debía continuar o no.
Con el tiempo, algunos impulsores reconocieron que terminó por funcionar más como un proceso de “ratificación”. La consulta estuvo a cargo del Instituto Nacional Electoral y se activó a partir de la entrega de 2.7 millones de firmas en diecisiete estados.
Equivalentes al 3 % de la lista nominal, tal como exige la Constitución y la Ley Federal de Revocación de Mandato. Es importante recordar que el propio artículo 35 prohíbe usar recursos públicos para recolectar firmas o para promover este tipo de procesos.
La decisión quedará en manos de la ciudadanía.
De acuerdo con lo planteado en la iniciativa, la intención es que sea la ciudadanía quien impulse la revocación de mandato y que el INE, y no los partidos o funcionarios públicos, sea la institución encargada de difundir la información necesaria para este ejercicio democrático.
