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Morena en la Cámara de Diputados pidió a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), actuar con prudencia ante la intención de reabrir sentencias previamente concluidas. La bancada insistió en que esta medida rompería con el principio de cosa juzgada. Figura respaldada por la Constitución y definida por los propios ministros en una tesis jurisprudencial del 18 de agosto de 2008.
Durante una conferencia, el coordinador de la bancada, Ricardo Monreal Ávila, recordó que esta figura garantiza que los procesos concluidos no vuelvan a litigarse. Señaló que afectaría directamente al principio de definitividad y subrayó que “el llamado es a que tengan cuidado”.
La tesis referida establece que la cosa juzgada tiene sustento constitucional en los artículos 14 y 17. El artículo 14 “dota a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica”, mientras que el artículo 17 “dispone que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones…”.
Morena pide prudencia a la SCJN por reabrir sentencias
Monreal explicó que, con base en esos principios, “la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del estado de derecho”.
El legislador advirtió que un bloque de nuevos ministros impulsaría un criterio que abriría la posibilidad de impugnar sentencias firmes. Ese criterio surge a partir de una contradicción promovida por Lenia Batres y respaldada por Sara Irene Herrerías, Loretta Ortiz, Irving Espinoza y el ministro presidente Hugo Aguilar.
Según Monreal, esta visión se apoya en la idea de que la “nulidad de juicio concluido” podría aplicarse a cualquier procedimiento, aun cuando la ley no lo establezca. Consideró que ello “se podría romper con el principio de seguridad jurídica” y permitiría reabrir asuntos ya resueltos.
Corte invade funciones del Congreso, dice Monreal
El legislador también cuestionó otra decisión de la Corte, relacionada con la participación de representantes indígenas en los ayuntamientos. Señaló que los ministros otorgaron voz y voto en todos los asuntos municipales, cuando el artículo 2º constitucional solo autoriza su intervención en temas que directamente les afectan.
Afirmó que “esta interpretación de la Corte distorsiona el sistema federal” y vulnera la estructura prevista en el artículo 115 constitucional. Añadió que el criterio abre la puerta a figuras ajenas al diseño municipal.
Además, sostuvo que esta resolución invade facultades del Congreso y representa un “exceso interpretativo de la Corte”. Al permitir que los representantes indígenas incidan en todas las decisiones municipales sin restricciones.
Monreal consideró que la SCJN “sustituyó de manera inadecuada las decisiones que deben corresponder. No tan solo al legislador ordinario, sino al Poder Reformador de la Constitución”. Recordó que “el único que puede legislar es el Congreso de la Unión y el Constituyente Permanente”. Con ello, subrayó que “la Corte no puede ir más allá” de sus atribuciones.
El coordinador parlamentario planteó que, si la intención es reformar el artículo 2º constitucional, los ministros podrían dialogar con los legisladores. Y concluyó con un llamado claro:
“Que no invada la competencia del Congreso federal. Que no exceda sus funciones”.
