Durante el primer día de audiencias públicas sobre la reforma en materia de aguas, propuesta por la Presidenta Claudia Sheinbaum, varios sectores productivos y abogados expresaron preocupaciones sobre la incertidumbre que genera la reforma y las modificaciones que podrían considerarse inconstitucionales.
—Bajo este contexto—, la abogada María Fernanda Hernández destacó que la prohibición de la transmisión de concesiones de agua entre particulares podría tener efectos negativos en sectores económicos clave. Por ello, señaló que, aunque la medida busca evitar la especulación y el acaparamiento. También elimina procesos legítimos como fusiones, adquisiciones y sucesiones, que son necesarios para la continuidad de las actividades productivas.
“Este mecanismo cierra la puerta al mercado negro, pero no paraliza las actividades productivas ni genera incertidumbre jurídica”, aseguró Hernández.
Por su parte, Franco Lammoglia Ordiales, de la Asociación Nacional de Abogados de Empresa (ANADE). Indicó que si bien la medida busca eliminar el mercado negro, la prohibición afecta la operatividad de las industrias que dependen del agua. Llamó a excluir ciertas operaciones, como fusiones o adquisiciones, que no impliquen especulación.
Asimismo, Alejandro Monteagudo, representante de la Unión Nacional de Avicultores, igualmente, —manifestó— su preocupación por la prohibición en la transmisión de derechos de agua, ya que esto crea inseguridad jurídica en sectores productivos clave.
José Ramón Ardavín, del Centro de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sostenible, sugirió que el plazo para solicitar prórrogas de concesiones. Actualmente reducido a un año, se mantenga en cinco años hasta que el proceso de digitalización esté completamente implementado.
“Un año es un término relativamente corto y si no está preparado todo el sistema de digitalización va a ser un problema”, dijo.
Sectores productivos y abogados cuestionan reforma de aguas
Desde la Confederación de Cámaras Industriales (Concamin), Christopher Ávila Mier alertó sobre el riesgo de inconstitucionalidad del artículo sexto transitorio de la Ley de Aguas Nacionales; dicho artículo establece que los títulos de concesiones en trámite se resolverán según la normatividad previa a la entrada en vigor de la reforma. “Siempre que no se oponga a sus principios y directrices”.
Ávila Mier también se pronunció sobre el nuevo Fondo de Agua, sugiriendo que la redacción de la ley debe garantizar que los volúmenes de agua recuperados sean reasignados a las actividades productivas.
José Luis Luege, exdirector de Conagua, propuso no modificar las atribuciones de los 13 Organismos de Cuenca de la Comisión Nacional del Agua (Conagua). Ya que la reforma plantea concentrar la facultad de otorgar concesiones en las oficinas centrales. Lo cual, según él, iría en contra de la eficiencia y transparencia de la Conagua.
El agricultor Fabián Olmedo, finalmente, demandó una mayor representación del sector agropecuario en la redacción de la ley.
“Los agricultores también necesitamos estar representados y participar con voz y voto. Somos los usuarios finales del 76 por ciento de este recurso”, concluyó.
