El Senado aprobó por unanimidad la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión; reforma que endurece las penas y actualiza el marco legal para enfrentar este delito, uno de los que más afectan a la población en México.
Con 110 votos a favor, las y los senadores respaldaron en lo general y en lo particular este dictamen. El cual ahora será enviado de vuelta a la Cámara de Diputados para continuar su proceso legislativo. La nueva ley establece que la extorsión se perseguirá de oficio y la define como obligar a una persona a dar, hacer, dejar de hacer o tolerar algo con el fin de obtener un beneficio o causar un perjuicio patrimonial, moral, físico o psicológico.
—Asimismo—, el proyecto fija una pena base de 15 a 25 años de prisión, además de una multa equivalente a 300 a 500 UMAs. Dependiendo de las agravantes, las sanciones podrían alcanzar hasta 42 años.
Senado aprueba Ley contra la Extorsión; endurece penas hasta 42 años
Durante la discusión, se aprobaron dos reservas propuestas —por el partido en el poder—. Relacionadas con equidad de género y medios digitales, que recibieron 95 votos a favor y 12 en contra. En total, el proyecto modifica 15 artículos respecto a la minuta enviada previamente por la Cámara de Diputados.
Bajo este contexto, Carolina Viggiano, senadora del Partido Revolucionario Institucional (PRI), señaló que el incremento de este delito se debe a múltiples factores; entre ellos la actuación de gobiernos anteriores. Recordó que la estrategia de “abrazos, no balazos” permitió que los grupos criminales encontraran nuevas formas de operar.
La legisladora afirmó lo siguiente:
“Desafortunadamente, el cambio de estrategia que se hizo, que reconocemos que es mucho mejor el que ha tomado este gobierno, hizo que los criminales abandonaran el cultivo y trasiego de heroína para enfocarse a la extorsión, el secuestro y el robo como fuentes de financiamiento, desde grandes empresarios hasta los más pequeños comerciantes en los pueblos, porque no se previó este tipo de fenómeno”.
Guadalupe Murguía, del Partido Acción Nacional (PAN), coincidió en que la reforma es un avance, pero advirtió que su impacto real dependerá de la capacidad para combatir la impunidad, que actualmente alcanza al 97 por ciento de los casos.
La reforma avanza con amplio consenso, mientras el Congreso busca responder a una de las problemáticas delictivas más extendidas en el país.
