Antes de replantear el rumbo del desarrollo rural, el Congreso pidió cifras claras. Por eso, desde el Poder Legislativo solicitaron un reporte a la Secretaría de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas. La solicitud exige un informe detallado sobre las afectaciones que vivieron los productores.
El foco está en el periodo neoliberal y en la etapa de privatización del campo mexicano. La idea es conocer qué tan profundo fue el impacto en el campo y contar con bases técnicas para replantear políticas públicas.
En la exposición de motivos, la diputada local Elvía Eguía Castillo recordó el papel del campo, y señaló que ha sido pilar económico y factor de cohesión social para millones de familias. También subrayó que agricultura, ganadería y pesca sostienen buena parte de esa base social. Sin embargo, advirtió que en décadas recientes cambiaron las reglas del juego.
Evaluación de daños al campo de Tamaulipas basada en censos agropecuarios
De acuerdo con la legisladora, se aplicaron políticas que alteraron producción, comercialización y acceso a recursos. Esto debilitó a los pequeños y medianos productores rurales; los efectos no se quedaron en el pasado. Hoy, productores tamaulipecos aún batallan para acceder a crédito, tecnología y mercados en igualdad.
A la par, persisten brechas de productividad que complican competir en condiciones equitativas. Y, por si fuera poco, el entorno ambiental también se deterioró con el tiempo.
Entre los problemas señalados están la degradación de suelos y la sobreexplotación del agua. Esos factores, sostienen, ponen en riesgo la viabilidad del sector a largo plazo.
La diputada enfatizó que Tamaulipas resintió de manera particular estos impactos. Apuntó a una baja en unidades de producción activas y más abandono de tierras. Ese panorama, indicó, aparece en los Censos Agropecuarios del INEGI de 1991, 2007 y 2022. Por lo mismo, insistieron en la necesidad de información oficial actualizada.
La advertencia final fue que sin datos, no se dimensiona el daño ni se corrige el rumbo. Con el informe, buscan orientar un nuevo camino legislativo más justo, equitativo y sostenible.
Por Enrique Jonguitud Blanco
