En medio de la emergencia nacional por la presencia del gusano barrenador, productores pecuarios expresaron que han generado “sobrerregulación sin precedentes”, por el impacto que han tenido las medidas implementadas por el Gobierno federal.
Aseguran que las disposiciones derivadas de la contingencia han creado un escenario de controles excesivos que ya complica la movilización de ganado y el abasto de carne en distintas regiones del país.
La Asociación Mexicana de Engordadores de Ganado Bovino (AMEG) reconoció en un comunicado la relevancia sanitaria de la plaga. Reiteró su compromiso con el cuidado animal.
Sin embargo, señaló que la multiplicación de retenes federales y estatales, junto con nuevos requisitos, ha generado una “sobrerregulación sin precedentes” que frena el flujo habitual del sector.
Según la organización, los traslados desde el sur hacia los centros de engorda del norte ahora toman de 20 a 32 horas. A ello se suman esperas mayores a 18 horas en puntos de inspección para cumplir los tiempos obligatorios posteriores a la aplicación de antiparasitarios. Además de revisiones estatales que duplican los controles federales.
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AMEG denuncia sobrerregulación durante emergencia por gusano barrenador
La AMEG detalló que estos retrasos provocan múltiples maniobras de carga y descarga que afectan directamente el bienestar animal. El cual incrementan el riesgo de heridas susceptibles de convertirse en focos de infestación. También exponen al ganado a largos periodos sin agua, alimento o sombra, lo que contradice las políticas oficiales de bienestar.
Las demoras, añadió, incluso han incrementado la mortalidad durante el transporte. Lejos de ayudar a contener la plaga, advirtió que estas prácticas podrían generar condiciones que favorezcan su propagación.
“El gusano barrenador se transmite por moscas y afecta a cualquier animal de sangre caliente, no por el movimiento regulado de ganado sano”, señaló.
Como parte de sus propuestas, la AMEG planteó acelerar y ampliar el programa de mosca estéril con financiamiento garantizado; fortalecer la vigilancia sanitaria bajo criterios uniformes; sustituir los controles excesivos por un protocolo basado en trazabilidad y buenas prácticas; armonizar la normatividad federal y estatal para evitar duplicidades, e instalar una mesa permanente de trabajo entre autoridades y productores.
