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La falta de recursos para los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLES) pone en riesgo su operación y los derechos políticos de la ciudadanía, advirtió el consejero electoral Jorge Montaño Ventura.
Al presentar un informe sobre la situación presupuestal de estos organismos, Montaño expresó su confianza en que el Gobierno valore su papel clave en la organización de elecciones en las entidades.
“Los institutos electorales locales, llamados OPLE, no pueden ni deben ser asfixiados presupuestalmente, porque cualquier recorte presupuestal drástico y sin justificación puede impactar negativamente en el funcionamiento y cumplimiento de sus obligaciones constitucionales y, en consecuencia, afectar los derechos políticos de la ciudadanía”.
El consejero, originario de Tabasco, subrayó que los institutos electorales locales requieren presupuestos adecuados, idóneos y suficientes para cumplir con sus funciones.
“Es fundamental para garantizar no solamente su operación óptima, sino que estos sigan contribuyendo al desarrollo de la democracia en las entidades federativas y, como lo dije, al país en su conjunto”.
Montaño respaldó la postura del INE de mantener el funcionamiento de los OPLES y no plantear su desaparición en la reforma electoral prevista para el próximo año.
“Confío en que los trabajos de la reforma electoral que se está discutiendo va a tomar en consideración estas reflexiones, que nos van a permitir tener un panorama más amplio y real de la importancia de estos Organismos Electorales Locales”.
Aunque reconoció que algunos organismos enfrentaron recortes en 2025, aseguró que la calidad en la organización de la elección del Poder Judicial realizada en junio no se vio afectada.
“Los órganos locales o los institutos electorales locales que presentan riesgo alto, en los cuales la problemática presupuestal tuvo un impacto en los procesos electorales, ya sean ordinarios o del Poder Judicial local, o bien sobre las actividades relacionadas con su operatividad, en ningún momento se redujo la calidad de la organización de los procesos electivos”.
Recorte de recursos pone en riesgo la operación de los OPLES
De acuerdo con el informe, solo dos entidades se ubican en riesgo medio y 17 en riesgo bajo, una tendencia que se mantiene desde agosto. Destacó que Colima pasará de riesgo medio a bajo tras recibir, el 10 de diciembre, una ampliación presupuestal estatal de 38.6 millones de pesos.
Sin embargo, advirtió que varios OPLES requieren seguimiento. En Baja California Sur, por ejemplo, se solicitaron 159.6 millones de pesos para gasto operativo. De ese total, 44.4 millones correspondían a la revocación de mandato y 115.2 millones al gasto ordinario.
Al no realizarse la revocación de mandato, el organismo no necesitó esos recursos y su déficit para gasto ordinario bajó de 34.83 por ciento a 9.69 por ciento.
En el caso de Coahuila, Montaño indicó que no hubo recorte al presupuesto ordinario. Incluso, se registró un aumento de 0.31 por ciento y una reducción de 0.36 por ciento en financiamiento público.
Para la Ciudad de México, explicó que el OPLE solicitó un presupuesto de 2 mil 223 millones de pesos. Pero el Congreso local autorizó solo mil 572 millones.
Según el informe, Zacatecas es la única entidad con riesgo alto en sus finanzas. Aunque recibió ampliaciones que permitieron operar hasta noviembre, el organismo enfrenta una “total insolvencia financiera”.
Las consejerías electorales y la Junta Ejecutiva no han recibido su salario desde la segunda quincena de septiembre. Además de adeudos en prestaciones de fin de año y servicios, debido a la falta total de recursos.
El consejero presidente del OPLE ha gestionado apoyo ante el Gobierno estatal para asegurar la operación del Instituto en el último mes del año. La solicitud más reciente fue por 26 millones de pesos, pero hasta ahora no ha habido respuesta.
