La Secretaría de Marina concretó la baja de cuatro mandos navales señalados por presunto huachicol fiscal. Entre ellos los hermanos Manuel Roberto y Fernando Farías, confirmó el titular de la dependencia.
El Secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales, explicó que la separación del servicio activo ya se ejecutó conforme a la legislación castrense y que los implicados siguen su proceso legal.
“De acuerdo con nuestra legislación, cuando una persona no puede cumplir con sus obligaciones, tiene que ser dado de baja. Ya se dieron de baja, están ellos en su proceso legal, tienen quince días para poner sus recursos de revisión, algunos ya los cumplieron, se dieron los fallos, y estamos esperando que las autoridades terminen”, dijo.
El funcionario detalló que cuatro elementos están vinculados con estas acusaciones y que las autoridades los mantienen detenidos.
“Son cuatro, están detenidos. Cuatro”, respondió.
¿Qué se sabe de los mandos presuntamente ligados al huachicol fiscal?
El pasado 19 de enero, el diario REFORMA adelantó que la Secretaría de Marina había iniciado el procedimiento administrativo para dar de baja del servicio activo al Vicealmirante Manuel Roberto Farías Laguna, quien permanece preso desde septiembre en el penal del Altiplano. En ese momento, el mando promovió un amparo para intentar frenar su separación.
El caso señala al vicealmirante como presunto líder de una red dedicada al contrabando de combustibles y al huachicol fiscal. La Oficialía Mayor de la Marina abrió el procedimiento administrativo el 21 de octubre. Sin embargo, el amparo fue desechado el 18 de noviembre por notoria improcedencia.
Posteriormente, el 5 de enero, el mando interpuso una nueva demanda para impugnar de manera específica su baja del servicio activo.
Su hermano, el contralmirante Fernando Farías Laguna, también señalado por estos hechos, enfrentó el mismo procedimiento administrativo, según su defensa, y actualmente se encuentra prófugo.
A ambos se les imputa encabezar una red de corrupción en aduanas que habría permitido el arribo de 31 buques con combustible de contrabando en los puertos de Altamira y Tampico, entre 2024 y 2025.
Los abogados de los mandos navales habían sostenido que, mientras no exista una sentencia condenatoria firme, sus clientes conservaban derechos laborales y prestaciones, al invocar el principio de presunción de inocencia.
