A tan solo tres días de entregar su propuesta de reforma electoral al Gobierno federal, los 11 consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han llegado a un acuerdo unánime sobre la necesidad de posponer la elección judicial, originalmente programada para junio de 2027, a una nueva fecha entre octubre y noviembre de ese mismo año.
La Secretaría Ejecutiva del INE presentó a los consejeros 314 propuestas elaboradas por ocho consejerías. Además, se habilitó un sistema para que los consejeros votaran en línea por cada una de ellas antes de las 21:00 horas del día jueves. Aquellas propuestas con mayoría de votos serán incluidas en el documento final que se entregará el próximo lunes.
“Nos reuniremos (este viernes al mediodía) para revisar cuáles propuestas fueron unánimes, cuáles tuvieron mayoría, cuáles quedaron fuera y cuáles fueron rechazadas. Luego de esto, discutiremos qué se presentará a la Comisión Presidencial de la Reforma Electoral el lunes. Decidiremos si esto quedará solo en la Mesa de Consejerías o si se llevará al Consejo General”, explicó el consejero Arturo Castillo.
En entrevista, Castillo destacó que los 11 consejeros coincidieron en que el INE debe solicitar formalmente al Gobierno federal modificar la fecha de la elección judicial de los otros 850 jueces federales pendientes.
“Necesitamos que la fecha de esta elección se modifique. No puede coincidir con las elecciones de 2027”, señaló Castillo.
INE propone posponer elección judicial a octubre-noviembre
Uno de los principales motivos para este cambio es un “problema serio de logística”, según el consejero. El INE considera inviable manejar 17 elecciones locales, la renovación de la Cámara de Diputados y la elección judicial en el mismo periodo. Además, existe la posibilidad de que se realicen mecanismos de participación ciudadana directa. Tales como la Revocación de Mandato de la Presidencia, lo que complicaría aún más la organización.
Castillo explicó que el conflicto también radica en la incompatibilidad de las reglas entre las elecciones. En la elección judicial, los partidos políticos no pueden participar. Pero durante ese tiempo estarán en plena campaña, lo que podría generar una influencia ilegal en la elección de los jueces.
“Sería inmanejable logísticamente e incompatible jurídicamente”, advirtió.
El consejero también mencionó que los temas clave de la reforma electoral incluyen las diputaciones plurinominales, el financiamiento a partidos, la fiscalización y la autonomía de los órganos electorales. A pesar de reconocer que el trabajo que debió haberse realizado entre septiembre y octubre comenzó tarde. A su vez, Castillo confía en que la Comisión Presidencial analizará y tomará en cuenta las propuestas fundamentales para asegurar la certidumbre y confiabilidad en los procesos electorales.
“Sin duda estamos llegando tarde. Desde septiembre pedimos que se trabajara en este tema, pero no fue hasta finales de noviembre que empezamos a contar con los insumos necesarios. A pesar de ello, espero que podamos presentar un documento claro y conciso para que la comisión presidencial lo considere”, concluyó.
