La plaza Hijas de Tampico fue donde al menos 20 pescadores protestaron para denunciar un despojo. Para exponer una crisis en el norte de Veracruz. Denunciaron ser víctimas de un desplazamiento arbitrario en Playa Hermosa, dentro del municipio de Pueblo Viejo. Así lo explicaron los denunciantes. Esta situación —motivada por cobros indebidos y la colocación de estructuras no autorizadas— golpea directamente su única fuente de ingresos.
Afectaciones en Playa Hermosa crecen mientras los pescadores denuncian despojo desde Tampico
Así lideró la queja ciudadana, Abianez Sánchez Gallardo, quien representa a la cooperativa “Pioneras Nutrias Ribereñas”. Después de realizar consultas formales mediante transparencia. El sector pesquero confirmó que el gobierno local no tiene poder legal para entregar concesiones de pesca. Tampoco posee facultades sobre el uso de palapas. Pues estas decisiones competen exclusivamente al ámbito federal.
La investigación de los afectados reveló que los documentos actuales solo registran pagos por terrenos de casa habitación. No existe, por tanto, una autorización oficial para realizar actividades comerciales, turísticas o de explotación marina en el área. Pese a esto, los trabajadores sufren el cobro de cuotas diarias que alcanzan los 360 pesos bajo el argumento de permisos municipales.
La Conapesca y la Semarnat son las únicas instituciones con derecho a regular estas zonas federales. Por ello, los cobros aplicados por el ayuntamiento se consideran fuera de la ley. Así lo subrayó Sánchez Gallardo.
Durante la movilización, también se alertó sobre la edificación de un muelle y un muro en Playa Hermosa. Estas obras carecen de permisos ambientales. Lo que representaría una falta grave a la normativa vigente. Así lo aseguran los informes. Este conflicto no es nuevo. Pues se arrastra desde administraciones previas sin que hasta ahora exista una solución definitiva.
Para 20 familias que dependen totalmente de la captura de especies para sobrevivir, el impacto es crítico. Por ello, los pescadores solicitaron que las autoridades federales intervengan. Para así revisar estas irregularidades y proteger sus derechos laborales en la costa.
Por Rufino Aguilera
