En el balance de la actual administración estatal, la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno reporta un número significativo de servidores públicos sancionados por incumplimientos administrativos en Tamaulipas.
La titular de la dependencia, Norma Angélica Pedraza Melo, dio a conocer que, hasta ahora, se ha sancionado a 147 personas servidoras públicas en el estado. De ese total, explicó que más de 90 recibieron inhabilitación por faltas administrativas no graves. Las mismas están relacionadas principalmente con omisiones normativas.
“De lo que llevamos en este periodo son 147 personas sancionadas, más de 90 inhabilitadas, 29 con amonestación y 19 suspendidas”.
Qué irregularidades cometieron servidores públicos sancionados en Tamaulipas
La funcionaria precisó que estas resoluciones fueron emitidas por la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, dependencia que recientemente actualizó su denominación oficial. Asimismo, detalló que muchas de las inhabilitaciones se originaron por retrasos en reintegros a la Tesorería de la Federación, transferencias tardías de recursos federales o errores en procesos de contratación.
También se detectaron incumplimientos en la presentación de la declaración patrimonial, una obligación básica para quienes ejercen funciones públicas.
“Son incumplimientos normativos que se tienen que investigar, sustanciar y sancionar”.
Por su parte, Pedraza Melo puntualizó que cerca de 60 inhabilitaciones están directamente vinculadas con la omisión o demora en presentar la declaración patrimonial. El resto, añadió, corresponde a conductas que se apartan del marco legal en adquisiciones, contrataciones y manejo de recursos públicos.
Recordó que la legislación vigente permite aplicar amonestaciones públicas o privadas, suspensiones, destituciones e inhabilitaciones de hasta un año.
“Son las sanciones que nos marca la ley para faltas no graves”.
En el plano legislativo, informó que ya se envió al Congreso del Estado una propuesta para armonizar la Ley de Responsabilidades Administrativas local con la Ley General. El objetivo es incorporar conductas como nepotismo, conflicto de interés y acoso, que ya se contemplan en el ámbito federal.
“Estamos sugiriendo que se revise, se actualice y se alinee nuestra ley estatal a la general”.
Por su parte, aclaró que ―aun sin reformas locales― la Ley General de Responsabilidades Administrativas es de aplicación obligatoria para todos los servidores públicos. Especialmente en casos de faltas graves.
Por Lupita Domínguez González
