Con el objetivo de que la Pensión Mujeres Bienestar para mujeres de 60 a 64 años no dependa de decisiones políticas futuras, la senadora integrante del Partido del Trabajo (PT), Yeidckol Polevnsky planteó elevar este apoyo a rango constitucional.
Bajo este contexto, Polevnsky dio a conocer que la intención es garantizar este ingreso como un derecho social y no como un programa que se encuentre sujeto a cambios administrativos o presupuestales.
“Significa reconocer que el bienestar no puede depender de la voluntad de una administración, sino que debe estar garantizado como un derecho social exigible”, dijo.
A nombre propio y también de las senadoras Geovanna Bañuelos, Ana Karen Hernández, Liz Sánchez, así como del senador Alberto Anaya Gutiérrez, Polevnsky detalló que la iniciativa busca reformar el artículo 4 de la Constitución. Con ello, se pretende que la pensión otorgada actualmente por el Estado sea un derecho para las mujeres de entre 60 y 64 años.
La senadora subrayó que este sector enfrenta una etapa de alta vulnerabilidad económica y social. Muchas mujeres ya no participan en el mercado laboral formal y aún no acceden a la pensión universal para personas adultas mayores. Lo que las coloca en un periodo de incertidumbre y riesgo de pobreza.
PT propone blindar la Pensión Mujeres Bienestar en la Constitución
Por ende, también indicó que, según datos del Coneval, más del 60 por ciento de las mujeres mayores no cuenta con una pensión contributiva. Lo cual es reflejo de una desigualdad estructural que aún persiste en el País.
“Esta exclusión no es resultado de decisiones individuales, sino de un modelo económico y social que durante décadas relegó a las mujeres del acceso pleno a derechos laborales y de seguridad social, a pesar de que su trabajo ha sido fundamental para el sostenimiento de las familias y comunidades del país”, puntualizó la legisladora.
Asimismo, Polevnsky —recordó— que la Mandataria Claudia Sheinbaum puso en marcha un apoyo económico para este grupo de edad. Sin embargo, —advirtió— que, al tratarse de un programa, sigue siendo vulnerable a cualquier tipo de recortes, ajustes administrativos o cambios en la política pública.
“La ausencia de un respaldo constitucional impide garantizar su continuidad, universalidad y progresividad, dejando en incertidumbre a miles de mujeres que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas”, subrayó.
Por ello, la propuesta busca reconocer en la Constitución el derecho de las mujeres de 60 a 64 años a recibir una pensión no contributiva del Estado. De este modo, asegurando su permanencia, universalidad y no regresividad. En lo que refiere a igualdad de condiciones con otros derechos sociales ya previamente establecidos.
Además, dicha iniciativa, a su vez, pretende proteger este derecho frente a recortes presupuestales o cambios de administración. Esto, para que el apoyo —deje de ser discrecional— y propiamente se consolide como un derecho social pleno. El objetivo es reducir la pobreza, fortalecer la autonomía económica de las mujeres y reconocer el valor del trabajo de cuidados no remunerado.
“Esta reforma constitucional es coherente con nuestra convicción histórica de que el Estado debe estar al servicio de quienes han sido excluidas, —invisibilizadas y relegadas— por décadas de abandono. Reconocer la pensión para mujeres de 60 a 64 años como un derecho constitucional es avanzar hacia un país más justo. En donde el bienestar no dependa del mercado ni de la suerte, sino de la ley y de la dignidad humana”, finalizó.
