El Partido Verde Ecologista de México (PVEM) anunció su apoyo al Plan B de la reforma electoral, resaltando que se elaboró con acuerdos entre distintos actores políticos y que no genera riesgos para la estabilidad democrática, afirmó Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del partido.
Escobar explicó durante una entrevista con Ciro Gómez Leyva, que el Plan B contempla la participación de los partidos que se han aliado con Morena. Esto no se incluía en la propuesta inicial de la presidenta Claudia Sheinbaum. La cual no logró reunir los 334 votos necesarios y quedó en 259.
“Creo que se presenta un documento que, en primera instancia, no presenta ningún tipo de inestabilidad democrática hacia el futuro, sino que se cumplen algunos anhelos de la de la plataforma electoral de la presidenta de México”, señaló Escobar.
El coordinador del PVEM también subrayó que la oposición podría sumarse al Plan B una vez que el Congreso de la Unión lo reciba.
“Es un paso que hay que darle la bienvenida y creo que hasta buena parte de la oposición pudiera saludarlo”, agregó.
Puntos clave del Plan B de la reforma electoral que serán apoyados por el Partido Verde
El domingo 15 de marzo, el PVEM y el PT confirmaron su apoyo a Morena en torno al Plan B de la reforma electoral. Escobar señaló que la iniciativa se centra en tres aspectos principales:
Consulta popular electoral. Se busca fomentar la participación ciudadana en decisiones electorales, pero se excluyen los temas sensibles del artículo 41 de la Constitución, como la organización del Instituto Nacional Electoral, los partidos políticos, radio y televisión, financiamiento público y la composición de las Cámaras.
Revocación de mandato. Se establecen nuevos lineamientos, incluyendo la posibilidad de realizar este procedimiento el primer domingo de junio, así como en el tercer o cuarto año de Gobierno. Además, la persona sujeta a la revocación podrá hacer campaña en defensa de su proyecto.
Austeridad. La propuesta incluye límites al gasto de los congresos locales, hasta 0.70% del presupuesto estatal. Para los municipios, se regula el número de regidores: máximo siete para municipios con 60,000 habitantes, hasta 12 para los que tengan 800,000 habitantes, y hasta 15 para los más grandes.
