La carga administrativa y los trámites en oficinas gubernamentales está complicando el acceso a servicios públicos para las personas con discapacidad en Tamaulipas. Por lo mismo, la situación ya ha sido identificada como urgente para su resolución por parte del Congreso local.
La diputada de Morena, Ana Huerta Valdovinos, destacó que miles de familias enfrentan una problemática porque las obligan a repetir trámites y presentar documentos para acreditar condiciones de discapacidad permanentes.
“Hoy presento una iniciativa que nace de una realidad que viven miles de familias en Tamaulipas, pero que pocas veces se discute en los espacios legislativos: la burocracia que enfrentan las personas con discapacidad permanente que acceden a servicios y programas públicos”.
Asimismo, la diputada dijo que el problema afecta a una parte significativa de la población. Aunque las cifras oficiales suelen ser visibles, las historias de lucha, esfuerzo y esperanza que acompañan a cada número pasan desapercibidas.
“De acuerdo con datos del INEGI, millones de personas viven con alguna discapacidad y, en el caso de Tamaulipas, se estima que cientos de miles de personas presentan alguna discapacidad o limitación funcional. Detrás de cada una de estas cifras hay familias, hay historias de lucha, de esfuerzo y de esperanza”.
Piden eliminar trabas en trámites para personas con discapacidad en Tamaulipas
Uno de los ejemplos más visibles de esta problemática es el caso del síndrome de Down, una condición genética permanente que no debería requerir comprobaciones constantes.
“Esta situación no solo genera desgaste emocional para las familias, sino también costos económicos y pérdida de tiempo”.
La iniciativa presentada por Huerta Valdovinos propone una reforma a la Ley Estatal para Prevenir la Discriminación, incorporando medidas que no existen actualmente.
“Hoy en día muchas familias deben presentar repetidamente certificados médicos, evaluaciones clínicas y dictámenes especializados para poder acceder a terapias, apoyos sociales o programas de inclusión; es decir, el Estado les exige demostrar una y otra vez la condición que tienen”.
Asimismo, la propuesta de la diputada incluye la creación de certificados permanentes, un registro estatal interoperable y la eliminación de trámites redundantes.
“En consecuencia, considero que resulta necesario fortalecer el marco jurídico estatal mediante la incorporación de disposiciones que permitan la expedición de certificados permanentes de discapacidad, la creación de un registro estatal interoperable y la eliminación de trámites repetitivos”.
Por Enrique Jonguitud Blanco
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