La Fiscalía de Sinaloa defiende la inocencia de sus mandos y demanda pruebas contundentes. La tensión política en Sinaloa ha escalado tras las recientes acusaciones provenientes de Estados Unidos. Ante los señalamientos que vinculan a figuras de la administración estatal con actividades ilícitas, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa salió en defensa de su vicefiscal, Dámaso Castro Saavedra.
La institución subrayó que cualquier investigación formal queda ahora en manos de la Fiscalía General de la República (FGR). Advirtió que los reclamos deben estar debidamente probados.
Castro Saavedra figura en una lista de diez funcionarios de alto rango —donde también aparece el gobernador Rubén Rocha Moya— señalados por el Departamento de Justicia estadounidense. Se les acusa de presuntos delitos relacionados con el tráfico de armas. También estupefacientes, supuestamente favoreciendo a la facción de “Los Chapitos” dentro del Cártel de Sinaloa a cambio de cuantiosos sobornos.
La Fiscalía de Sinaloa afirma que acusaciones de Estados Unidos deben sustentarse con pruebas
A través de un mensaje público, la autoridad ministerial sinaloense evitó profundizar en los detalles de las imputaciones. Se limitó a recalcar que su actuar se rige por el cumplimiento de la ley. En el documento emitido, destacaron la importancia de los derechos procesales.
Por su parte, el mandatario estatal ya había manifestado su postura anteriormente. Rocha Moya descartó de forma “categórica y absolutamente” los señalamientos, calificándolos como una campaña de desprestigio contra su gestión y el proyecto político que representa. Afirmó que carecen “de veracidad y fundamento”.
La controversia también ha llegado a la esfera internacional. La Cancillería mexicana reportó que las peticiones de extradición recibidas no incluían “pruebas” contundentes. Debido a la filtración mediática del caso, el Gobierno de México prepara una nota de protesta diplomática, argumentando que la difusión pública de estos datos vulnera los convenios bilaterales vigentes.
Además del vicefiscal y el gobernador, el expediente estadounidense menciona a otros nombres clave de la política local, como el anterior titular de la Seguridad Pública estatal, Gerardo Mérida Sánchez; el integrante del Senado, Enrique Inzunza Cázarez. Y el presidente municipal de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil, quien se ha sumado al rechazo de estas acusaciones. El caso permanece bajo la lupa pública, a la espera de que las instancias federales determinen si existen elementos suficientes para proceder legalmente en territorio mexicano.
