Juan Pablo Albán respalda el reciente análisis sobre México realizado por la ONU. La tensión entre el Gobierno de México y los organismos internacionales de derechos humanos subió de tono este lunes. Juan Pablo Albán, quien se desempeña como relator del Comité contra la Desaparición Forzada, decidió dar una respuesta clara a los cuestionamientos lanzados por la presidenta Claudia Sheinbaum. La presidenta había ignorado antes los informes de la organización. Estos indican que hay pruebas de crímenes de lesa humanidad en México, y también pidió acciones rápidas apoyadas en el artículo 34 de la Convención.
Durante su intervención matutina, Sheinbaum sostuvo que el grupo de expertos utilizó de forma errónea información limitada de solo cuatro entidades federativas. También de un periodo comprendido entre 2014 y 2017. Según la jefa de Estado, el comité realizó una extrapolación de datos y pasó por alto la postura oficial de su administración. No obstante, Albán aclaró que el escrutinio realizado no se restringió a un tiempo específico ni a etapas concluidas, sino que consistió en una evaluación detallada sobre cómo ha progresado la problemática hasta el día de hoy.
ONU defiende análisis sobre México y pide respeto a Claudia Sheinbaum
ONU análisis de México. El relator hizo énfasis en que este tipo de comités son piezas fundamentales del engranaje de las Naciones Unidas, cuya labor principal es vigilar que las naciones respeten los acuerdos internacionales que han firmado voluntariamente. Frente a las acusaciones de falta de rigor, el funcionario apeló a mantener la cordialidad diplomática. Aunque reconoció que el Estado tiene derecho a disentir. Subrayó que los ataques directos dañan la relación con los supervisores de derechos humanos. También se alejan de los principios de cooperación que rigen a la organización.
Tras descalificación de Sheinbaum, la ONU sostiene su análisis sobre México. Respecto a la controversia generada por la resolución, Juan Pablo Albán fue tajante al señalar que el debate debe mantenerse en el plano técnico y legal. “El desacuerdo es legítimo, pero la descalificación es cuestionable. Las diferencias legales —y hasta políticas, aunque no se debería hacer política del tema— son entendibles dentro del diálogo internacional y la colaboración que debe haber, según la Convención, entre el CED y los Estados parte. Sin embargo, es fundamental preservar el respeto institucional hacia los órganos de supervisión de DDHH y sus integrante”, escribió.
De esta manera, el organismo reafirma su postura frente a la situación actual de México, instando al Ejecutivo a separar las discrepancias políticas del cumplimiento de los tratados de protección humana. ONU análisis de México.
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