Congreso de Nuevo León avala juicio contra Samuel García. La Comisión Anticorrupción del Congreso local aprobó, por mayoría, arrancar un juicio político contra el gobernador de Nuevo León, Samuel García, señalado por la presunta triangulación de recursos públicos hacia despachos familiares.
El avance del procedimiento se dio durante una sesión en la que no estuvieron presentes los diputados de Morena, Mario Soto y Rodrigo Montemayor. También estuvo ausente Claudia Chapa, legisladora del Partido Verde.
La Comisión consideró que la denuncia presentada por Morena contra el actual gobernador de Nuevo León reúne elementos suficientes para abrir un nuevo proceso.
Samuel García deberá responder ante Congreso de Nuevo León por denuncia
Como parte del acuerdo, el Congreso citará a Samuel García para el próximo martes 23 de junio, a las 16:00 horas, en el edificio legislativo. No obstante, el gobernador podrá responder por escrito mediante su abogado defensor.
“Se inicia el procedimiento de juicio político en contra del C. SAMUEL ALEJANDRO GARCÍA SEPÚLVEDA, quien actualmente ocupa el cargo de GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN”.
“Se instruye a la Oficialía Mayor para que a través de la Dirección Jurídica del Congreso, se emplace al denunciado para que informe a esta Comisión lo que a su derecho convenga, corriéndole traslado con copias de la denuncia y de los demás documentos que la integran, y señalando la siguiente fecha y horario para su respectivo informe: martes a las 16:00 horas”, se lee en el resolutivo.
El dictamen establece que el Congreso local no puede ordenar la separación del cargo del gobernador. Esa facultad, según el documento, corresponde solamente al Tribunal Superior de Justicia. Asimismo, en la etapa final del procedimiento, el TSJ podría resolver una destitución y, en su caso, una inhabilitación.
Además, la Comisión también señaló que los hechos descritos en la denuncia podrían afectar gravemente los intereses públicos fundamentales.
“Se determina que la conducta señalada en la denuncia en estudio, contiene la descripción de hechos que justifiquen que la conducta atribuida daña gravemente los intereses públicos fundamentales”.
“Los elementos de prueba agregados a la denuncia permiten presumir la existencia de la infracción y la probable responsabilidad del denunciado y por lo tanto amerita el inicio del procedimiento de juicio político”, detalla el resolutivo cuarto.
